SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0715/2019-S4

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías por Resolución 01/2019 de 14 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, denegó la tutela, en base a los siguientes fundamentos: i) Respecto a las presuntas irregularidades y otras supuestas anomalías en las que hubiesen incurrido los dos funcionarios policiales, además de Natalia Loza Vda. de Suri madre del fallecido y a tiempo de determinarse su aprehensión por funcionarios policiales de Radio Patrullas 110, correspondía que sean reclamados y puestos en conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, quien ejercía el control jurisdiccional del proceso penal; empero no fue así en el presente caso, es decir, que no reclamaron oportunamente aquellas situaciones, lo que hace inviable su consideración; ii) En cuanto a las Resoluciones pronunciadas por el Juez de Instrucción Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, la primera que determinó su detención preventiva, y las posteriores que rechazaron su solicitud de cesación a la detención preventiva; el accionante procura que se revisen Resoluciones dictadas por autoridad jurisdiccional competente, que se realice un nuevo examen de las Resoluciones que fueron emitidas por el juez contralor; sin embargo, las determinaciones asumidas por la autoridad demandada, no pueden ser revisadas por un Juez o Tribunal de garantías, habida cuenta que involucra la valoración de pruebas e interpretación de normas, propios del Órgano Jurisdiccional, es decir, que el Juez de garantías no puede constituirse en otra instancia más de revisión; iii) Con relación a la supuesta demora o incumplimiento de plazos procesales, por parte de Limbert Orozco Carvajal, Fiscal de Materia, éstos deben ser reclamados previamente ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; y, iv) Finalmente en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir derechos vulnerados, éstos deben de ser activados con carácter previo a la interposición de acciones de defensa constitucional, por lo que no es viable conceder la tutela impetrada.