SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0828/2019
Fecha: 17-Sep-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Richard Suárez Rodríguez, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Fiscal asignado al caso pronunció la Resolución Fiscal Conclusiva de sobreseimiento, con el argumento que la investigación no aportó elementos de convicción que lleven a concebir que es autor del delito atribuido, pues con relación a las pruebas colectadas, era insuficiente el testimonio de la menor, ya que no fue corroborado con una pericia psicológica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), así también por las testificales se determinó que el accionar de los denunciantes no es más que una figura extorsiva.
No obstante; dicha Resolución fue impugnada por la Unidad de Víctimas Especiales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que en instancia de revisión fue resuelta por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, quien apartándose del marco legal de razonabilidad y equidad en la valoración de la prueba y omitiendo arbitrariamente alguna de ellas, revocó el sobreseimiento sin una debida fundamentación y motivación; puesto que, omite la valoración de los testigos antes mencionados, que si bien hace mención y descripción de las declaraciones de los testigos Edson Esteban Calderón, Lucio Alejandro Salazar Llanos y Elizabeth Barba Hurtado; empero, no se constata pronunciamiento alguno sobre la declaración de tales, aspecto que tiene incidencia directa, ya que la resolución impugnada hubiera sido distinta si se compulsaba la prueba omitida; toda vez que, dichos testigos cuestionan la legitimidad de la denuncia y la veracidad del testimonio de la menor.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado y tercero interviniente
- 1)
- concedió
- i)
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.1.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa
- [2]
- se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado
- la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender
- III.
- emitió
- c. incluir en su legislación interna normas
- que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
- ii)
- iv)
- la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces
- debida diligencia
- la investigación debe ser seguida de oficio
- 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer
- ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES).
- 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.
- 14. Confidencialidad.
- Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres
- Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias
- debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
- causas por hechos de violencia contra las mujeres
- verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano
- adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple
- acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia
- III.2. Análisis del caso concreto
- Fragmento 35
- REVOCAR
- 2° ANULAR
- asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima
- actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano
- el derecho procesal penal no sólo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima
- principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal