SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2020-S2
Fecha: 21-Oct-2020
a)
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito el 20 de febrero de 2020, cursante de fs. 17 a 18 vta., señalando que: a) Llama la atención que el accionante no precisa por qué causal de las previstas en la Norma Suprema o el Código Procesal Constitucional, plantea su demanda tutelar; no mencionó si es porque su vida estuviera en peligro, o se encuentra ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad; tampoco consta un petitorio congruente, lo que amerita su denegatoria; b) No existe legitimación procesal, al haberse formulado la acción de libertad por Luis Guillermo Chura Flores en representación de Tito Roger Gandarillas Salazar; empero, es firmada por el abogado Wilfredo Felipe Alarcón Flores, no así por el impetrante de tutela ni por su representante, no contando el abogado señalado con representación del peticionante; c) El demandante de tutela indica que el Tribunal de apelación no consideró la existencia de una verificación policial domiciliaria con la que habría acreditado el elemento domicilio; no siendo ello evidente, por cuanto si bien el certificado de verificación anotado, es el documento idóneo para comprobar el domicilio; en el caso, la defensa técnica del imputado únicamente expresó que mediante memorial requirió al Ministerio Público proceder a dicha verificación “…y que seguramente dicho informe ya se encontraría en el cuaderno de investigaciones…” (sic); por lo que, al no advertirse su exteriorización, el Tribunal de alzada no podía manifestarse sobre suposiciones, sino con base en cuestiones concretas; d) El solicitante de tutela incurrió en per saltum, tomando en cuenta que en la audiencia de apelación únicamente expresó como agravios lo relativo a los arts. 233.1 y 234.1 y 2 del CPP, sin mencionar la proporcionalidad de la medida, impidiendo que el Tribunal de segunda instancia, se pronuncie al respecto; y, e) La jurisdicción constitucional no constituye una vía ordinaria o tercera instancia conforme pretende la parte peticionante de tutela.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 10
- Si la Acción de Libertad es planteada en forma escrita, cuando más se exigirá que se efectúe una exposición de los hechos que motivan el recurso y la exposición de los fundamentos jurídicos, identificando si se trata de la restricción del derecho a la vida o del derecho a la libertad física
- Fragmento 12
- la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación
- Fragmento 14
- la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- la ausencia de fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas, dan lugar a una falta de respaldo argumentativo o a la carencia parcial del mismo
- Las resoluciones sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas, conforme exigen los arts. 236 inc. 3) y 124 del CPP
- III.4. Exigencia de fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares, se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP
- la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla
- el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP,
- Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010
- el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia
- el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP
- III.5. Protección especial que brinda el Estado a las personas adultas mayores
- situaciones en las que debe concretarse el derecho de ‘especial estima y consideración protectora, por la conversión sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido a su dilatada vida y experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad
- dentro de los márgenes o límites legales
- promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad
- que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población
- con relación a la excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores
- no implica la pena o condena anticipada
- p
- III.6. Análisis del caso concreto
- REVOCAR
- 2°