SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0832/2020-S1
Fecha: 09-Dic-2020
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Siendo oriundo y comunario activo de la comunidad de Chosconty, por cuestiones de necesidad se trasladó por temporadas a trabajar a la República de Argentina, pero sin descuidar sus obligaciones como comunario, a pesar de contar con 76 años de edad. Así, en la gestión 2015 en su ausencia se realizó una reunión general a iniciativa de las autoridades de ese entonces a la cabeza de Ariel Mamani, en la que su persona fue designado como corregidor hasta la gestión 2016; de esta manera, nombran a José Luis Gutiérrez para que se haga cargo de dicha gestión, momento desde el cual surgen una serie de abusos en su contra; transición en la que se hubiera llevado a cabo una reunión general donde resuelven disponer y rematar sus parcelas por una supuesta deuda de Bs2 800,00.-(dos mil ochocientos bolivianos).
Ante estos hechos, en abril del 2019, denunció por despojo a Ariel Mamani; causa que fue declinada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero del Juzgado Público, de Partido y de Sentencia Penal de Villazón, provincia Modesto Omiste del departamento Potosí, siendo el expediente remitido y entregado en diciembre de 2019 a Lorgio Chosco, Corregidor en ejercicio, quien debía resolver esta controversia; sin embargo, durante su gestión hizo caso omiso a la declinatoria.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- a)
- concedió
- 1)
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- i)
- III.1.
- Fragmento 12
- III.1.3.
- alcanzando a cualquier autoridad o servidor público
- Fragmento 15
- Respecto a personas particulares
- Personas Adultas Mayores
- enfoques específicos
- Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad
- promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad
- el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia
- grupos vulnerables- por lo que el Estado
- III.3.
- Fragmento 24
- CONFIRMAR en parte
- MAGISTRADA
- lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el Estado está obligado a resolver la petición
- la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla
- cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable
- además de motivada.
- se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba
- el plazo previsto por Ley
- plazo razonable