AUTO CONSTITUCIONAL 0037/2020-CA

Mediante memorial de 4 de febrero de 2020, cursante de fs. 19 a 21 vta., en el apartado II, el accionante refiere encontrarse legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad concreta, y sea el Tribunal Constitucional Plurinacional el que se pronuncie respecto a: “1. Si ES O NO la Constitución Política del Estado –CPE, ‘…la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…’ (Art. 412.II de la CPE) y, por ser la Norma Suprema debe ser aplicada con primacía frente al DS 1888 de 4 de febrero; 2. Si la CPE ES O NO de APLICACIÓN DIRECTA (Art. 109.I), por lo que los derechos que garantiza, en este caso la cobertura por desempleo del Sistema Integral de Pensiones -SIP, instituido en el Art. 45.III de la CPE, para su aplicación, no necesita de la intermediación de una norma inferior, DS en este caso, para que se proceda a aplicar la CPE de forma directa; 3. Si el mejor derecho humano establecido en instrumento internacional, en este caso el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual nuestro país es signatario que, igualmente, garantiza el derecho al seguro desempleo, debe ser aplicada con primacía al inciso a) del numeral XVII del DS 1888 por el imperio del Art. 256 de la Norma Suprema” (sic).

Manifiesta que la Resolución del proceso administrativo, depende indudablemente de la constitucionalidad del “…inciso a) del numeral XVII del DS 1888…” (sic), extremo que la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.), la APS y la anterior conducción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se negaron a reconocer, vulnerando su derecho de acceso a sus aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), impidiendo que pueda practicar el retiro final de los mismos por estar desempleado por la administración, y a fin de que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie, renuncia a las instancias de revocatoria y posible ulterior recurso jerárquico, pidiendo se expulse del sistema jurídico nacional la norma impugnada.