SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2020-S4

Siguiendo este mismo entendimiento, la SCP 0117/2018-S4 de 10 de abril, señaló que: “…por el carácter provisional de las medidas cautelares, una vez apelada la resolución que disponga detención preventiva por la parte imputada, ésta debe ser resuelta de manera oportuna por las autoridades de alzada; y, si en ese ínterin el imputado presenta una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva ante el Juez a quo, con argumentos que puedan contraponerse a la resolución anterior, éste se encontrará imposibilitado de resolverla, pues de hacerlo se daría un trámite paralelo a dos solicitudes impetradas por una misma persona y que persiguen un mismo fin; en ese sentido, se generarían disfunciones procesales innecesarias -v.gr. que los vocales, en apelación, revoquen la detención preventiva (disponiendo, por ende, la libertad del imputado) y, que el juez o tribunal de primera instancia emita resolución denegando la nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, en la cual incluso pudieron acompañarse nuevos elementos de convicción, resolución que también es apelable; es decir, en este hipotético caso, la presentación paralela de apelación y nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, le sería desfavorable al propio imputado y se generaría un conflicto respecto a cuál decisión debería de aplicarse-“ (las negrillas son nuestras).

De la jurisprudencia glosada, se puede establecer que no resulta posible la activación simultánea en la jurisdicción ordinaria penal, solicitando cesación a la detención preventiva, ante el juez de la causa sin que se hubiera resuelto un recurso de apelación por el Tribunal de alzada sobre una anterior pretensión que haya sido negada, ya que generaría la inviabilidad de la segunda pretensión procesal, por  identidad de objeto y causa, lo que podría producir decisiones contradictorias sobre un mismo problema jurídico, es decir una disfunción procesal.