SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0367/2020-S3

En el proceso ejecutivo o de estructura monitoria seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada Comunal “CREDISUR LTDA.” -ahora tercera interesada- en su contra, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Inicial 12/17 de 25 de enero de 2017, declarando probada la demanda intimándola al pago de $us41 846,80.- (Cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y seis 80/100 dólares estadounidenses); por lo que, contra esa decisión interpuso excepciones de incompetencia, “impersonería”, “…legitimación y falta de capacidad procesal en el ejecutante…”  (sic), falta de fuerza ejecutiva e inhabilidad de título ejecutivo en el documento. Con la contestación por parte de la mencionada Cooperativa, la referida autoridad judicial pronunció la Sentencia Final 33/17 de 24 de agosto de 2017, declarando improbadas dichas excepciones; interpuesto el recurso de apelación contra la precitada Sentencia Final, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -ahora accionados- emitieron el Auto de Vista 181-19 de 31 de mayo de 2019, confirmando totalmente la Sentencia apelada.

Considera que, el referido Auto de Vista fundamenta y motiva incongruentemente la inhabilidad de la Cooperativa “CREDISUR LTDA.”, lo cual se planteó en apelación por falta de personalidad jurídica, “impersonería”, falta de capacidad procesal tanto de dicha Cooperativa como de su representante legal; así se tiene que, la resolución ahora cuestionada no se pronunció sobre lo peticionado y fundamentado en apelación, tampoco se refirió sobre el poder presentado en la demanda ejecutiva; de la misma forma omitió expresarse sobre los agravios formulados en esa impugnación; hizo mención al art. 107.II del Código Procesal Civil (CPC) respecto a la nulidad ante un acto consentido fundamentando tal aspecto, pero no motivó cuales fueron las razones que presumen el consentimiento de dicho acto; de forma extra petita y arbitraria se concedió a la parte demandante la fuerza ejecutiva del documento objeto de la demanda -ejecutiva-, cuando ese agravio no fue planteado, argumentándose el cumplimiento de los requisitos procesales para que adquiera fuerza ejecutiva teniendo suma líquida, exigible y plazo vencido; e inclusive, habiéndose observado de forma reiterada la falta de escritura de constitución de “CREDISUR LTDA.”, estatutos, resolución de su liquidación, ejecución de documentos sin reconocimiento de firmas, y la ausencia de determinación de pagos, se dispuso por decreto que dichos aspectos serían considerados en el Auto de Vista; empero, aquello no fue cumplido.

En ese sentido, considera que el Auto de Vista hoy cuestionado lesiona el debido proceso al confirmar la Sentencia de primera instancia sustrayéndose de pronunciarse o haciéndolo de manera citra petita sobre las peticiones de inhabilidad del demandante en dicho proceso ejecutivo por falta de personalidad jurídica, de capacidad procesal, excepción apelada por incompetencia del Juez, violación de normas de orden público y de principios constitucionales, siendo asimismo incongruente al referirse de forma extra petita al conceder arbitrariamente a los demandantes la fuerza ejecutiva y la habilidad del título lo cual no fue planteado en apelación, vulnerándose, igualmente, su derecho a la valoración de la prueba y la falta de respuesta a su petición respecto a que se considere la ausencia de constitución de “CREDISUR LTDA.”, sus estatutos, resolución de liquidación, los defectos del título ejecutivo al no tener reconocimiento de firma del apoderado del ejecutante y las formas de pago de deuda dentro de la adenda.