SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0283/2020-S1
Fecha: 10-Ago-2020
denegó
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2019 de 27 de noviembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., denegó la tutela, sin costas, conforme a los siguientes argumentos: i) El 16 de octubre de igual año la peticionante de tutela, solicitó el beneficio previsto en el art. 138 de la Ley 2298, pidiendo que se proceda al cómputo de la pena; y de la revisión de obrados se ha podido establecer que el mismo fue elaborado por el Secretario del Juzgado de la autoridad demandada, habiendo presentado también un memorial en el que reiteró el cómputo de la liquidación de la pena cumplida, las cuales fueron providenciadas y expedidas en el plazo de veinticuatro horas; ii) Si bien la impetrante de tutela refiere que presentó un memorial el 19 de noviembre de 2019 y del cual no se tendría respuesta, habiéndose apersonado ante el Juzgado de Ejecución Penal, cuyo personal le habría manifestado que desde el 30 de octubre del citado año no estuviese saliendo el despacho, por lo cual habría interpuesto la presente acción de libertad; iii) De la revisión de antecedentes, se encuentra la providencia de 20 de noviembre de igual año que señala “…estese al informe de 13 de noviembre de 2019...”, así también la impetrante de tutela cita el art. 115 referida al principio de celeridad, “…y ha sido transgredida esta norma y que se estuviese incurriendo en dilaciones en la presente tramitación de su solicitud ya que la autoridad ahora accionada no se habría pronunciado constituyéndose en una retardación de justicia y vulneración al derecho a la libertad.” (sic); al respecto, se tiene que dichas formalidades han sido cumplidas por la autoridad ahora demandada, señalando: “…por el cual la suscrita juez constituida en juez de garantías constitucionales no encuentra el sustento legal de la acción de libertad…” (sic), toda vez que no obstante el art. 132 del CPP, los memoriales reclamados ya fueron providenciados dentro el plazo de veinticuatro horas; es decir, no existe vulneración al debido proceso, ni al derecho a la libertad; y, iv) Sobre la SCP 238/2018-S2 de 11 de junio, respecto a la subsidiariedad excepcional, de la revisión exhaustiva se ha establecido que el 14 de noviembre de 2019, se ha emitido la Resolución 1332/2019 por la cual la autoridad demandada ha resuelto la solicitud realizada por la impetrante de tutela en la cual se rechazó el beneficio de redención; asimismo, en su parte última señala que dicha resolución es susceptible de apelación, por lo cual la ahora solicitante de tutela puede acudir y hacer efectivos los mecanismos que la Ley confiere previamente a acudir a la justicia constitucional.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos,
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución
- celeridad,
- el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios.
- la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad
- III.2.
- preventivo
- III.2.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho
- En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia
- solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible
- no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva
- La eventual apelación del Ministerio Público, no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad
- b)
- c)
- “d)
- es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación
- que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva
- cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.
- igual dignidad de las personas
- derecho a la dignidad
- valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior
- En esa línea de razonamiento, la Ley 2298, establece de manera expresa el respeto a su dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; los mismos son sujetos de derechos, en cuyo mérito pueden ejercer todos los derechos que no estén afectados por la condena o por esta Ley, fuera de ellas no son aplicables ninguna otra limitación
- III.4. El beneficio de redención de condena, trámite, plazos y requisitos
- el sistema de redención de penas instituido por el legislador, constituye un beneficio legal al que pueden acogerse los privados de libertad que estén cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, a través del cual pueden rebajar su pena en base a criterios de buena conducta, estudio y trabajo; nuestro ordenamiento jurídico que regula la ejecución de penas, las medidas de seguridad dictada por órganos jurisdiccionales competentes, el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena y la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal; dispone la posibilidad de redimir la condena, es decir, liberar al condenado de dicha obligación, en razón de un día de pena por 2 días de trabajo o estudio.
- el condenado que pretenda liberarse del cumplimiento del resto de su condenan, debe presentar su solicitud de redención ante el Juez de Ejecución Penal con la documental suficiente que acredite debidamente actividades de trabajo o de estudio, la referida autoridad debe ordenar al Director del establecimiento penitenciario la elaboración de un informe en el plazo de cuarenta y ocho horas. Finalmente el Juez de Ejecución en el plazo de veinticuatro horas, debe emitir la Resolución de Redención y Nuevo Computo en base al informe remitido;
- III.5. Análisis del caso concreto
- Fragmento 37
- y no obstante lo dispuesto por la autoridad demandada en su proveído de 14 de noviembre de 2019, (Conclusión II.6) respecto a que pasen obrados para dictar la Resolución respectiva, hasta la fecha de la audiencia de consideración de ésta acción de defensa (27 de igual mes y año), no se evidencia que la autoridad demandada haya resuelto la solicitud de consideración del beneficio de redención
- REVOCAR
- MAGISTRAD
- el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración
- corpus traslativo o de pronto despacho
- el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda
- ;
- Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.