SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2020-S1
Fecha: 10-Ago-2020
I.2.1. Ratificación de la acción
El representante de los accionantes, a través de su abogado, ratificó la acción de amparo constitucional e indicó que aparte de poner a conocimiento del Ministerio Público de San Julián el avasallamiento sufrido, al tratarse de predios en proceso de saneamiento, se presentó la denuncia correspondiente ante el INRA; que mereció dos reiteraciones, habiendo transcurrido más de un mes sin obtener ninguna respuesta; por lo que instaron nuevamente se atienda su solicitud considerando que, al estarse vulnerando sus derechos, se ordene que se les dé una respuesta clara, coherente, congruente con lo peticionado, en un plazo perentorio.
Por otra parte a las preguntas de uno de los Vocales de la Sala Constitucional Segunda, respondió que no existe respuesta a los memoriales presentados y que, en la reunión con la autoridad demandada, efectuada el día anterior a la audiencia, se programó hacer una intimación, pero todo ello en forma posterior a la presentación de esta acción.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
- I.2.1. Ratificación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre el
- i)
- a)
- Fragmento 14
- Fragmento 15
- alcanzando a cualquier autoridad o servidor público
- SCP 1995/2010-R de 26 de octubre
- Respecto a personas particulares
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR
- MAGISTRADA
- lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el Estado está obligado a resolver la petición
- la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla
- cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable
- además de motivada.
- se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba
- el plazo previsto por Ley