SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2020-S1

Héctor Montero Osinaga, Director Departamental de Migración de Santa Cruz a través de su abogado, en audiencia manifestó: 1) La parte accionante evidentemente recurrió a dicha institución con una solicitud de desarraigo de     10 de enero de 2018, consignándose los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal; en ese entendido, se le indicó que en el reporte de su sistema sale el motivo por el que se procedió al arraigo (en el caso es de legitimación de ganancias ilícitas); además señala el año de su efectivización y la institución que emitió la orden; 2) Se tiene la duda sobre la Resolución Conclusiva de Sobreseimiento y de su ratificación, pues la parte impetrante de tutela no demostró en primera instancia que exista una ampliación por el delito de organización criminal, siendo que el aludido requerimiento conclusivo solo refiere el delito de legitimación de ganancias ilícitas; 3) Desde el 10 de similar mes y año a diciembre de 2019, transcurrieron casi dos años de que se tuvo el mandamiento de desarraigo para poder presentarlo, teniendo dicho plazo para subsanar la observación que emitió su sistema; por lo que, la responsabilidad no recae sobre la institución; y, 4) La peticionante de tutela pretende que mediante la acción de libertad se proceda al desarraigo, siendo que el mismo no corresponde, habiéndosele explicado que tendría que subsanar la observación; consecuentemente, se solicitó se deniegue la tutela impetrada, al no haberse privado el derecho a la libertad de locomoción.