Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2020-S1
Fecha: 04-Sep-2020
I.2.1. Ratificación y ampliación
Las accionantes a través de su abogado reiteraron los términos de la demanda tutelar; puntualizando que, a partir de la presentación de su solicitud de reincorporación a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, realizaban seguimiento de su trámite tres veces por semana, sin tener una respuesta objetiva positiva o negativa si procede o no la misma; por lo que, solicitan que en el plazo de cuarenta y ocho horas la entidad laboral de respuesta a lo peticionado.
- Fragmento 1
- I.2.1. Ratificación y ampliación
- a)
- denegó
- 1)
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre el
- Fragmento 9
- i)
- Fragmento 11
- alcanzando a cualquier autoridad o servidor público
- Fragmento 13
- Respecto a personas particulares
- III.2. Análisis del caso concreto
- REVOCAR
- MAGISTRADA
- lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el Estado está obligado a resolver la petición
- la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla
- cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable
- además de motivada.
- se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba
- el plazo previsto por Ley