SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0482/2020-S2

Fabiola Pamela Saenz Daza, Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Segunda Centro-Integrado del Distrito 2 de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 28 de enero de 2020, cursante a fs. 111 y vta.; y, de forma oral en audiencia, solicitó se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) El proceso del cual se pretende la acción tutelar es una homologación de asistencia familiar con base en el acta parcial de conciliación de 14 de diciembre de 2006, que fue suscrita entre el accionante y Etty Lens Choque Cordero, cuya cláusula quinta establece que en caso de incumplimiento, la misma pasará para homologación; es decir, que el ahora impetrante de tutela conocía sus obligaciones respecto a sus hijas, debiendo considerar lo señalado por los arts. 62, 108, 109.I, y 149.II de la CPE; asimismo, se “ratifica” en la prueba presentada por el accionante sobre la realización de depósitos a favor de sus hijas, por lo cual no podría aducir desconocimiento de sus obligaciones de asistencia familiar; b) La causa fue puesta a su conocimiento por causal de excusa, remitida en ejecución de sentencia para el cumplimiento de la liquidación, verificando los presupuestos establecidos por el art. 415 del CFPF para hacer efectivo el pago de la misma, que en ninguno de sus articulados dispone la notificación en el domicilio real del encausado, pues esta no reconoce ningún formalismo, resultando inaplicable la sentencia constitucional presentada por el ahora accionante, ya que a partir de la promulgación de la citada Ley la línea jurisprudencial cambió; por su parte, el art. 447.II de la mencionada norma legal señala que la notificación con la liquidación de asistencia familiar se practicará en secretaría del juzgado, al tratarse de un proceso de homologación y en apego al art. 127 del CFPF; c) Respecto a que el obligado no tuvo conocimiento de la tramitación de la causa, se debe precisar que es evidente que estuvo efectivamente informado, de acuerdo a lo manifestado en la presente acción de defensa cuando señala que realizó depósitos para sus hijas; y, d) La notificación realizada en estrados judiciales es un acto auténtico acorde al art. 1287.I del Código Civil (CC) y tiene la fuerza probatoria que le asigna el mismo cuerpo legal “Auto Supremo 129 de 4 de agosto de 1980”, diligencia que no fue cuestionada por la parte demandada –hoy accionante-, ya que la misma fue recepcionada por Ana Huaygua Quispe, identificada como su sobrina, quien firmó en constancia el formulario de notificaciones como se observa en las fotografías, misma que no fue devuelta y mucho menos objeto de un incidente de nulidad como señala el art. 256 inc. b) del CFPF, habiéndose llevado adelante dicho actuado en la dirección consignada en el acta de conciliación.