SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2021-S2
Fecha: 07-May-2021
i)
Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 19 de julio de 2020, cursante de fs. 9 a 10, señaló que: i) El Auxiliar y la Secretaria de su despacho, desde el 3 y 10 del citado mes y año; respectivamente, se encuentran con baja médica; igual condición le toco atravesar desde el 12 del referido mes y año; ii) De acuerdo a la Comunicación Interna TDJ 5/2020 de 22 de junio, emitida por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, con fundamento en varias resoluciones de Sala Plena y Comunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia, los Juzgados de Capital desempeñan funciones de forma alternada, debiendo computarse para efectos procesales solamente los días efectivos de trabajo; iii) El despacho a su cargo, prestó servicios el 6, 8, 10, 14 y 16 del aludido mes y año; en ese sentido, no es evidente que transcurrieron seis días hábiles como sostuvo el impetrante de tutela, sino solamente tres; iv) No le es posible confirmar o negar los hechos expuestos por el prenombrado; toda vez que, no tiene acceso al expediente; v) Todo el personal a su cargo, se hallaba aislado con licencia por enfermedad por sospecha de contagio por el virus COVID-19; por lo que, no hubo posibilidad material de que alguien vinculado al juzgado acusado pueda acceder a las dependencias ni a la documentación; vi) Considerando que a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca establecer responsabilidad a quien incurrió en dilación indebida; en el caso, no existe factibilidad alguna para determinar la misma, al haberse presentado una imposibilidad material no subsanable para generar el acto procesal reclamado por el solicitante de tutela; y, vii) El mencionado Tribunal Departamental de Justicia, debió designar personal suplente para garantizar la prosecución de los trámites, resguardando no solamente la atención de las solicitudes de las partes sino la propia integridad de los servidores judiciales. Lo expuesto, justificó racionalmente la negativa de efectuar el acto procesal pedido; por lo que, impetró que la tutela sea denegada; empero, se disponga la viabilidad del petitorio del accionante por los funcionarios que puedan ser designados en suplencia legal por las instancias correspondientes.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- concedió
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios
- El principio de celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal
- el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia
- exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo
- toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho,
- traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso
- instancia administrativa de carácter instrumental que dará soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar la gestión judicial
- las notificaciones se efectuarán válidamente a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital
- estamos en la obligación de garantizar, en la medida de lo posible, la vigencia del acceso a la justicia, la máxima eficacia de derechos y garantías de las personas y como corresponde a la administración de justicia de un Estado de Derecho
- a los servidores judiciales de todas las materias e instancias, tanto aquellos que ejercen jurisdicción y competencia, como los de apoyo jurisdiccional, a continuar con sus labores a través de medios informáticos a su alcance
- Bajo la normativa desarrollada supra, la finalidad del nuevo sistema penal boliviano, y las disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, los operadores de justicia, no podrían justificar una dilación en la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad, ello en virtud, de que los mismos cuentan con herramientas digitales que efectivizan estas actuaciones procesales, en procura de garantizar el debido proceso en vinculación con la máxima constitucional de acceso a la justicia
- Fragmento 19
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR