SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0137/2021-S4
Fecha: 17-May-2021
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Encontrándose con detención preventiva en el Centro de Reintegración Fortaleza de Santa Cruz, por más de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal, dentro de la investigación por la presunta comisión del delito de violación; el 24 de enero de 2020, solicitó cesación a la detención preventiva, la que mereció proveído de 28 del mismo mes y año, firmado por Shirley Becerra Vaca, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda en suplencia legal de su similar Tercera, señalando audiencia a tal efecto para el 21 de febrero de 2020; sin embargo, ante la inasistencia de la citada autoridad demandada, se suspendió dicho acto procesal fijando nueva audiencia para el 3 de marzo del mismo año, no siendo real lo afirmado por la Secretaria de dicho Juzgado, referente a que la Jueza se encontraba presente, ya que en el momento de la suspensión de la audiencia la autoridad jurisdiccional demandada no firmó la respectiva acta.
Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Tercera, en conocimiento del proceso penal, tampoco asistió a la audiencia señalada para consideración de la cesación a la detención preventiva de 3 de marzo de 2020, informándole su Secretaria que la citada autoridad se encontraba en otra audiencia; por lo cual, se volvió a suspender la misma, sin fecha; empero, Jimena Sirly Rojas Sánchez, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercero del mencionado departamento, les hizo firmar una nota, generando por segunda vez una dilación indebida y advirtiéndose un incumplimiento de deberes.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- celeridad
- que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal
- el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia
- toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho,
- traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- III.1.1.
- En conclusión, las niñas, niños y adolescentes, son un grupo que merece protección prioritaria y especial, principalmente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran; de ahí que: ‘Nuestra Norma Suprema (art. 60) establece el deber del Estado y de la sociedad, en general, de garantizar la prioridad del interés superior del menor, estableciendo el alcance de ello: a) Preeminencia de sus derechos; b) Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; c) Prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; d) Acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado’
- es evidente y lógico que tanto la normativa internacional, como la constitucional y la interna del país, otorgan una protección reforzada a los derechos de la minoridad; los cuáles deben ser acatados por todos los habitantes del país, ya sean autoridades públicas o particulares, velando por el interés superior de la niñez y adolescencia de Bolivia.
- Conforme a lo dicho, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, se sustituyó la doctrina de la situación irregular y se introdujo la protección integral que transforma las necesidades de los adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; y, les garantiza una justicia que respete los mismos derechos procesales de los adultos; de manera que el Estado, los integrantes y operadores del Sistema Penal para Adolescentes deben responder por la vigencia del binomio garantía-ejercicio de derechos y por la exigibilidad de deberes, constitutivo de la ciudadanía activa de los adolescentes”
- CONFIRMAR en parte