SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0152/2021-S2

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el 16 de marzo de 2020 el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, determinó su detención preventiva por quince días para que se realicen tres actos investigativos, de los que se realizaron dos quedando pendiente la inspección del lugar de los hechos. Habiendo vencido abundantemente el plazo señalado, el 14 de abril del mismo año se realizó la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en la que se determinó se mantenga la misma por concurrir el riesgo de obstaculización al no haberse realizado dicha inspección. Ante ello planteó recurso de apelación que confirmó la decisión del Juez a quo, por no haberse resuelto la ampliación del plazo de detención preventiva presentada por la Fiscal del caso, un día antes a la audiencia de cesación.

El 27 del mismo mes y año, solicitó pronunciamiento en cuanto a la ampliación del plazo de su detención preventiva, habiendo sido negada por Resolución de “30 de mayo” -lo correcto es abril- de similar año, con el argumento que la Circular TSJ-11/2020 de 17 de abril, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, establece que de manera exclusiva se atiendan las solicitudes de cesación concernientes “con los delitos relacionados con la emergencia sanitaria”. El 7 de mayo de igual año, reiteró la solicitud a tiempo de pedir además que en la misma audiencia se considere la cesación a su detención preventiva, rechazándose la misma mediante proveído de 11 del mismo mes y año, por cuanto mediante Resolución 12/2020 de 9 de mayo, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, determinó mantener la suspensión de actividades jurisdiccionales en Cobija.