SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2021-S3

Sucre, 8 de junio de 2021

SALA TERCERA

Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori

Acción de libertad

Expediente: 34870-2020-70-AL

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 071/2020 de 27 de mayo, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Alexis Fuentes de la Barra en representación sin mandato de Felzi Gonzales Lurici contra Adolfo Esteban Machicado Poma, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 26 de mayo de 2020, cursante a fs. 5 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera y otros, el 8 de mayo de 2020, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva bajo los alcances del “Instructivo 11/2020” emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, dicha petición fue reiterada el 18 de igual mes y año; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa el Juez ahora accionado -que se encuentra en suplencia del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz- no señaló día y hora de audiencia para considerar su solicitud, dilación que atenta contra su derecho a la libertad por encontrarse bajo la extrema medida de la detención preventiva.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se “otorgue” la tutela, y en consecuencia se ordene el señalamiento de día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de mayo de 2020, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que es sorprendente que el Juez ahora accionado manifieste que no cuenta con equipos para desarrollar audiencias virtuales, vulnerando con aquello su derecho a la libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Adolfo Esteban Machicado Poma, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay, ambos del departamento de La Paz, mediante informe de 27 de mayo de 2020, cursante de fs. 9 a 10, manifestó que: a) El 29 de abril de 2020, la accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, recibiendo en respuesta el decreto de 4 de mayo de ese año, por el cual se denegó dicha solicitud debido a que la accionante no se encuentra dentro de ningún grupo vulnerable establecido en la “Circular 11/2020”; b) En razón que los municipios de Sorata y Guanay, ambos del departamento de La Paz fueron declarados en riesgo medio -en virtud a la pandemia por el Coronavirus (COVID-19)-, desde el 11 al 22 de mayo de 2020, desarrolló sus actividades en el juzgado ubicado en el municipio de Sorata del referido departamento -en el cual es titular-, donde no tiene acceso al servicio de internet y la señal de su celular es mínima, siendo imposible en esas condiciones realizar sus actividades vía internet como solicita la accionante; c) Poniendo en riesgo su propia integridad física -salud y vida- desde el lunes 25 de mayo de igual año, se constituyó al Juzgado ubicado en Guanay del referido departamento -donde ejerce suplencia legal- lugar donde tampoco existe una buena señal de internet y además dicho Juzgado no cuenta con los equipos necesarios para llevar a cabo una audiencia virtual; d) Las autoridades administrativas del Órgano Judicial no dotaron de herramientas necesarias a los juzgados de provincia para llevar adelante audiencias virtuales o para la atención por vía digital, razón por la cual se encuentra desarrollando sus actividades de forma física; e) Desde el 11 de mayo de 2020, su persona se encuentra ejerciendo funciones en horario continuo en el Juzgado de Guanay, por lo que la accionante podía presentar su memorial en dicho horario; f) Su persona está en suplencia legal del Juzgado de Guanay desde octubre de 2019, debido a que las autoridades superiores no designaron a un juez titular; g) Se encuentra cumpliendo a cabalidad sus funciones en el juzgado en el que es titular como en el que está en suplencia legal, puesto que ambos juzgados están atendiendo en horario continuo, en cumplimiento a la cuarentena dispuesta por el Gobierno Central; y, h) La presente acción tutelar es improcedente porque la misma debió ser presentada contra las autoridades del Consejo de la Magistratura a efectos de que nombren un juez titular para el Juzgado de Guanay, quien pueda atender oportunamente y con celeridad las solicitudes presentadas a dicho Juzgado.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 071/2020 de 27 de mayo, cursante de fs. 12 a 13 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez ahora accionado señale audiencia de cesación de la detención preventiva y resuelva la misma en el plazo de setenta y dos horas, considerando la distancia; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Si bien el argumento del Juez ahora accionado en esta acción tutelar, es que no contaría con los medios necesarios; es decir, con un equipo con servicio de internet para realizar la audiencia solicitada; no obstante, dicha autoridad judicial debe considerar otras alternativas para efectivizar y resolver la petición efectuada por la accionante; empero, por ningún motivo puede impedir a la accionante ejercer sus derechos a la defensa y a la libertad; y, 2) La segunda solicitud de cesación de la detención preventiva fue efectuada el 18 de mayo de 2020 y hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad no existe respuesta por parte del Juez ahora accionado, quien no consideró que esa petición fue realizada por una persona privada de libertad, por lo que se establece que se vulneró el derecho al debido proceso de la accionante en su modalidad de pronto despacho y celeridad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial presentado el 8 de mayo de 2020, en cuyo sello de recepción figura “Tribunal Departamental de Justicia”, a través del cual Felzi Gonzales Lurici -ahora accionante- solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, al amparo del art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP [fs. 2 a 3 vta.]).

II.2. Por memorial presentado el 18 de mayo de 2020 -con sello de recepción de la Oficina Gestora de Procesos-, la accionante reiteró su solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 4 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que el Juez ahora accionado no señaló día y hora de audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada el 8 de mayo de 2020 y reiterada el 18 de igual mes y año.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, estableció que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que el Juez ahora accionado no señaló día y hora de audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada el 8 de mayo de 2020 y reiterada el 18 de igual mes y año.

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por memorial presentado el 8 de mayo de 2020, en cuyo sello de recepción figura “Tribunal Departamental de Justicia”, la accionante solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, audiencia de cesación de la detención preventiva, al amparo del art. 239.1 y 2 del CPP (Conclusión II.1.), solicitud que fue reiterada a través de escrito presentado el 18 de igual mes y año -con sello de recepción de la Oficina Gestora de Procesos- (Conclusión II.2.).

Con el fin de resolver la problemática planteada, sobre la omisión de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, que se traduce en una indebida dilación en la resolución de la situación jurídica de la accionante, corresponde señalar el contenido del art. 239 del CPP referido a la cesación de las medidas cautelares personales, el cual fue modificado por el art. 2.III de la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, que dispone taxativamente:

“(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de las detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

(…)

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas” (las negrillas son nuestras).

En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, puesto que de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas.

En ese entendido, se advierte que la solicitud de cesación de la detención preventiva realizada por la accionante el 8 de mayo de 2020, que fue reiterada el 18 de ese mes y año, no fue atendida por el Juez ahora accionado quien se encuentra en suplencia legal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa -26 de mayo de 2020-, incumpliendo de esa forma con la normativa procesal penal aplicable al caso concreto, ya que la citada autoridad judicial debió señalar audiencia para resolver la solicitud de la accionante en el plazo de cuarenta y ocho horas conforme al art. 239.1 y 2 del CPP -modificado por la Ley 1226-, siendo incluso el Juez ahora accionado al haberse constituido al Juzgado de Guanay el 25 de mayo de 2020, no atendió la solicitud de la accionante de forma inmediata. También corresponde aclarar que, si bien las solicitudes de la accionante no fueron recepcionadas en el Juzgado de Guanay; sin embargo, el Juez ahora accionado en su informe no indicó que no se hizo llegar las mismas a dicho Juzgado o que no tenía conocimiento sobre su existencia, solo señaló que la accionante debió presentar sus memoriales en dicha población porque el Juzgado se encontraba funcionando en horario continuo.

En ese contexto, el Juez ahora accionado dilató indebidamente la consideración de la situación jurídica de la accionante, situación que no puede justificarse por lo manifestado en su informe presentado en esta acción de defensa, que incide en el hecho que tanto en el Juzgado de Sorata -donde es Juez titular- y en el de Guanay -donde se encuentra ejerciendo suplencia- no cuenta con acceso a servicio de internet y que además este último Juzgado mencionado no contaría con equipos para realizar una audiencia virtual; extremos que no pueden ir en perjuicio del pleno ejercicio de los derechos de la accionante; puesto que, se trata de una cuestión administrativa que ni siquiera fue reclamada por el Juez ahora accionado ante las instancias correspondientes del Órgano Judicial, asumiendo una actitud pasiva que llega a ser inclusive negligente, más aún cuando dicha modalidad de trabajo es la que se está aplicando a todos los procesos penales a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; así también, el hecho que el Juez ahora accionado “simplemente” -como señaló en su informe presentado en esta acción tutelar- se encuentre ejerciendo suplencia legal en el Juzgado de Guanay no significa que no asuma dicha labor con la debida diligencia y en el marco legal de acuerdo a sus funciones y atribuciones.

En ese entendido, la dilación indebida en la que incurrió el Juez ahora accionado deviene de la no consideración de la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por la accionante, extremo que implica ineludiblemente un actuar negligente por parte de la citada autoridad judicial que provocó una demora innecesaria e incluso incertidumbre en la consideración y resolución de la situación jurídica de la accionante, extremo que vulnera su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, motivo por el cual corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, más aún si se toma en cuenta que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a las personas privadas de libertad con la mayor celeridad posible y dentro de plazos establecidos por la normativa, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente el derecho a la libertad de dichas personas.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 071/2020 de 27 de mayo, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la Sala Constitucional, siempre y cuando no se hubiere realizado por efecto de la concesión otorgada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA