SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2021-S3

Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, corresponde indicar, en lo que concierne a la legitimación pasiva en la presente acción tutelar, la Resolución de Asamblea de 14 de abril de 2019, fue emitida por el Directorio en pleno del Sindicato Mixto de Transportistas “Santa Rosa de Lima”, por el cual se dispuso la expulsión del ahora impetrante de tutela, Resolución firmada por Oscar Frauz Romero, Secretario General y Basilio Torrez Peña, Secretario de Transporte -ahora accionados- y otros miembros componentes del Directorio; por lo que, en virtud a ello, los prenombrados gozan de legitimación pasiva suficiente para ser demandados por actos o decisiones que tome la Asamblea del que formaron parte; correspondiendo por ello aplicar lo dispuesto en la SC 0447/2010-R de 28 de junio, donde en su parte pertinente, dispuso que: “...no es necesario demandar a todos los miembros del Consejo Universitario en su totalidad. Lo propio debe tenerse en cuenta cuando se trata de actos u omisiones indebidas que emanen de otros entes colegiados con número de miembros numeroso, por mencionar algunos, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso” (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, establecido el problema jurídico y de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene el Acta de verificación y/o constatación de 17 de abril de 2019, suscrita por el Notario de Fe Pública 1 de Sacaba, del departamento de Cochabamba; a través del cual, se constata que el peticionante de tutela se apersonó a la sede del referido Sindicato a horas 17:15, encontrándose con el Secretario de Transportes, quien le señaló que no podía trabajar, ya que en Asamblea efectuada el día “domingo” 14 de igual mes y año, se le habría expulsado de ese Sindicato, que consultado con el Secretario General, el mismo le respondió que en Asamblea Ordinaria se habría determinado expulsarlo del Sindicato por haber vulnerado los intereses del transportista según su reglamento sin proporcionar mayores datos y limitándose a decir que ellos también tomarían los recaudos necesarios (Conclusión II.5); asimismo, del Acta de reunión ordinaria de socios de
14 del señalado mes y año, y Resolución de Asamblea de igual fecha, se evidencia que el Directorio en pleno de dicho Sindicato determinó la expulsión del hoy accionante bajo el argumento de “alta traición” y acción en contra de la institución, en sujeción del art. 49.1 inc. a) “Faltas Disciplinarias” (Conclusión II. 3 y II.4); el citado artículo, con relación a las faltas muy graves, dispone que: “Confabular contra la unidad monolítica que debe existir en el Sindicato dividiendo y utilizando el capital humano, técnico, bienes e instalaciones. Desplegando actividad divisionista y realizando acciones contrarias a los intereses del Sindicato, de los Estatutos y del presente Reglamento Interno, al incurrir en persistente Proselitismo político partidario en asambleas” (sic).

Al respecto, el Reglamento Interno del Sindicato Mixto de Transportistas “Santa Rosa de Lima”, en su art. 48 prevé el procedimiento del Tribunal de Honor, para conocer y resolver las faltas en las que pudiesen haber incurrido los socios afiliados, evidenciándose en lo más relevante que debe citarse a las partes para recibir su declaración, debiendo recabar las pruebas pertinentes en el plazo de quince días a cuya conclusión dictará resolución que pasará a conocimiento de las bases en Asamblea, al Directorio así como al denunciado, incluso se establece la posibilidad de arribar a una conciliación previa si fuera posible; de igual forma, dispone dicho Reglamento, que en caso de que el afiliado considere que la resolución dictada es perjudicial a sus derechos sindicales podrá recurrir en segunda instancia ante el Tribunal de Honor de la Federación Departamental de Choferes, para la revisión del fallo emitido en el plazo de diez días.

A partir de la normativa reglamentaria que antecede, se demuestra que la decisión asumida por la Asamblea Ordinaria de Socios, omitió seguir el procedimiento establecido por el propio Reglamento Interno que rige dicha Institución, conforme se desprende en especial del citado art. 48, inobservando el debido proceso para imponer la sanción prevista por el
art. 49.1 inc. a) respecto a (Faltas muy graves), ambos del citado Reglamento, concordante con el contenido del Acta Ordinaria de Socios, conllevando a su vez en la lesión del derecho a la defensa, al haberse omitido notificar al impetrante de tutela con la iniciación de un proceso de expulsión por la presunta comisión de faltas muy graves, además, impidiéndole adjuntar pruebas que refuten las denuncias que pesaban en su contra, asumiéndose una decisión arbitraria, contraviniendo el proceso previsto en dicho Reglamento.

Bajo los supuestos fácticos que anteceden, este Tribunal advierte la inobservancia del art. 117 de la CPE, el cual establece que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” (sic); lo que quiere decir, que no puede sancionarse a ninguna persona, sino es luego de realizarse un debido proceso en el que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.