AUTO CONSTITUCIONAL 0252/2021-CA

         En tal sentido, resulta necesario puntualizar que la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad concreta, consiste en someter a control de constitucionalidad una disposición legal sobre cuya constitucionalidad surja una duda razonable y fundada en casos concretos en los que debe resolverse un proceso judicial o administrativo conforme lo establecido el art. 79 del CPCo.

         De la revisión del memorial de la presente acción normativa, se establece que si bien cumple con lo previsto en el art. 81.I del CPCo, al haber sido formulada dentro de un proceso laboral en la vía ordinaria, carece de fundamentación jurídico-constitucional; toda vez que, la accionante se limitó a señalar que el art. 130 del CPT contempla solo tres días como plazo para formular apelaciones y que al ser las mismas, conocidas y resueltas en efecto suspensivo, se debería conceder al menos un plazo de cinco días para prepararlas y poder ejercer el derecho a la defensa; con relación al art. 124 de la citada norma procesal laboral, únicamente se circunscribió a indicar que la referida norma establece un tiempo de cinco días para contestar, ofrecer todas las pruebas de descargo y plantear excepciones previas y perentorias, sin otorgar el tiempo necesario y suficiente para ejercer los actos de una defensa amplia e irrestricta como manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que ésta, debía ser de quince días; finalmente, concluye señalando que el art. 80.III y IV del CPCo, es inconstitucional; toda vez que, cuando se trata de normas esenciales del procedimiento laboral las cuestionadas, el proceso no debe continuar; empero, sin realizar una labor de contraste entre las disposiciones legales ahora cuestionadas con los preceptos constitucionales y convencionales que en su criterio contradice, ni explica de qué forma se produce la infracción a la Ley Fundamental; omisión que impide conocer si el texto legal que se impugna admite una o más interpretaciones; es decir, que emerge duda razonable en torno a la constitucionalidad del precepto legal disentido y su compatibilidad con la Constitución Política del Estado.

         Tampoco menciona cómo las normas legales cuya constitucionalidad cuestiona, serán aplicadas en la decisión final del proceso de referencia y menos estableció de qué modo ese fallo dependerá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales contra los cuales interpuso esta acción normativa; extremos que, denotan el incumplimiento de los requisitos para promover esta acción de inconstitucionalidad concreta, de donde deviene su rechazo de acuerdo a lo previsto en el art. 27.II inc. c) del CPCo, al carecer la aludida demanda de fundamento jurídico-constitucional que justifique una decisión de fondo.