Auto Supremo AS/0437/2006

Durante el desarrollo del proceso penal, que comienza en la etapa preparatoria,  rige el principio de legalidad, que se extiende a la ejecución de la pena, en el entendido de que la pena debe estar determinada por ley previa a la comisión del hecho que será objeto de la sentencia condenatoria. Consiguientemente, el principio de legalidad no solo se exige al momento de establecer el tipo de pena privativa de la libertad y  su quantum, sino que al continuar en la etapa de ejecución de la pena, se requiere una ley anterior al hecho que determine las características cualitativas de cumplimiento de la pena. Por ello, la determinación de la pena se debe realizar de acuerdo a lo previsto por la ley anterior al hecho objeto de la sentencia, esto conlleva que la administración no puede, por medio de sus reglamentaciones, apartarse de los parámetros, que de acuerdo a una interpretación sistemática, le son dados por la Constitución Política, los Tratados Internacionales y el Código Penal, en consecuencia no puede limitar ni suprimir los derechos o facultades de los condenados