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En efecto, el debido proceso exige que la persecución penal por parte del Estado culmine en un plazo razonable, conforme lo previsto por los artículos 6, 9, 16 y 228 Constitucional, artículo 8, apartado 1 del Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce que: toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en substanciación de cualquier acusación penal formulada, en el mismo sentido el articulo 14 inciso 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que durante el proceso, toda persona acusada de un delito, tendrá derecho en plena igualdad, entre otras garantías, a ser juzgada sin dilaciones indebidas
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