Auto Supremo AS/0192/2010

Este fallo motivó que la parte demandada interponga recurso de casación (fs. 187-188) denunciando violación de los arts. 3 y 4 de la Ley Nº 1178 y la Ley del Estatuto del Funcionario Público debido a que los actores son funcionarios públicos y no se encuentran dentro del alcance del art. 1º de la Ley General del Trabajo, encontrándose demostrado que el SENASAG es una entidad del Estado, por consiguiente no corresponde el pago de beneficios sociales, vacaciones ni aguinaldo; además se encuentra demostrado que la contratación de Adrián Barba Zelada culminó dentro del plazo establecido en su contrato, es decir, en diciembre de 2002, de donde se infiere que en ningún momento se lo despidió antes del cumplimiento del término, por cuya razón no procede el pago de desahucio