Auto Supremo AS/0269/2011

Que, la Corte Suprema de Justicia constituye el máximo intérprete de la legalidad, cumple una función unificadora de la jurisprudencia establecida en materia penal, siendo de aplicación obligatoria la doctrina legal aplicable, por los tribunales colegiados y unipersonales inferiores, lo contrario significaría ir en contra de los fines del Derecho Procesal Penal que busca una justicia pronta, equitativa y justa. En ese sentido el recurso de apelación restringida constituye el más importante y usual de los recursos, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estime errónea, por lo que, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico constitucional, es decir, que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento debe exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, ya que, si un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que, toma una decisión de hecho y no de derecho que impide a los sujetos procesales conocer cuáles son las razones que apoyan su fallo. Consiguientemente, las resoluciones judiciales deben ser lógicas, claras y congruentes no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil, sino para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos