Auto Supremo AS/0153/2013-RA

Señala también, que los otros testigos, Alexander Castellón Caracila, Flavio Carlos García Vieyra y Roger Milton Aguilar Coaquira, personeros del Grupo Voluntario de Apoyo Civil, ratificaron que al arribar al lugar de los hechos, encontraron con vida a la víctima y que con ayuda de la señora Julieta Peláez, cortaron la chamarra, ocasionando mayor daño en las lesiones producto de las quemaduras, exponiéndolas a mayor contaminación e infección por introducción de bacterias del ambiente, de las manos y tijeras que no estaban desinfectadas, produciéndose pérdida del líquido. Declaraciones que, a decir de la recurrente, están vinculadas y guardan relación, por lo que de manera clara se tiene que el Tribunal Segundo de Sentencia, hizo una errónea aplicación de la ley sustantiva al condenarla a treinta años de presidio sin derecho a indulto por el delito de Asesinato previsto por el art. 252 numerales 1), 2) y 3) del CP, siendo incluso que en primera instancia se inició el caso por el delito de Homicidio en grado de tentativa, por lo que, refiere la recurrente, la calificación que corresponde es la de Lesión Seguida de Muerte, prevista por el art. 273 del CP