Auto Supremo AS/0576/2021

Conforme a la doctrina legal descrita y verificándose que la controversia se circunscribe en determinar si corresponde o no, la devolución del cobro indebido, así como el descuento del 20% de la renta de viudedad, determinadas en las resoluciones administrativas del SENASIR y siendo que los argumentos del recurso son conexos y similares entre sí, se pasa a resolverlos de forma conjunta:

Sobre la aplicación indebida de la Ley, infiriendo que, para otorgar el seguro de vejez se debe dar cumplimiento a los arts. 45 del Código de Seguridad Social (CSS), concordante con el 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), que establecen como requisitos acreditar 180 cotizaciones hasta abril de 1997 y contar la edad de 55 años (para varones).

Se advierte que la entidad recurrente, no expresó con claridad y precisión, en qué consiste la infracción, violación, falsedad o error, no siendo suficiente aludir un artículo y señalar que no se realizó un análisis de dichas normas; sin embargo, en resguardo al derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva se pasa a considerar indicando que, de la revisión del Auto de Vista impugnado, en el Considerando III, citando los arts. 45-I-II-IV, 67-I y 116-I de la CPE, 594 del RCSS, 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, 1 y 4 de la Resolución Ministerial (RM) Nº 266 de 25 de mayo de 2005, el Tribunal de alzada realizo las siguientes puntualizaciones:

“Que, a través de la prueba de fs. 44 (Certificado de Nacimiento del asegurado) estableció la fecha de nacimiento del asegurado en 20 de noviembre de 1941, ratificado vía judicial por resolución de fs. 40-41; sin embargo de ello, evidenció la existencia anterior de tres partidas de nacimiento canceladas, según Certificado de fs. 46, documentos con los cuales la Dirección General de Pensiones mediante Resolución Nº 17520 de fecha 13 de diciembre de 1999 de fs. 63, habría resuelto otorgar al asegurado la Renta Básica de Vejez, equivalente al 56% de su promedio salarial, más incrementos de ley pagaderos a partir del mes de julio de 1999, todo por haber acreditado para el régimen básico 340 cotizaciones y la edad de 55 años, conforme prevé el Art. 45 del CSS y demás normas conexas.

Asimismo, que, el SENASIR dentro de sus facultades de revisión de rentas previstas en las normas legales y administrativas estableció que, ante la inconsistencia en la fecha de nacimiento del asegurado, determinó recuperar lo indebidamente percibido por el asegurado en la suma de Bs. 326.221,86; además de disponer el descuento del 20% de la renta de Viudedad otorgada a su derecho habiente.

En ese sentido, el Tribunal de alzada concluyó que tal determinación de SENASIR, no corresponde tomando en cuenta que la renta básica de vejez fue otorgada en base a documento idóneos presentados por el asegurado y que en todo caso no se le puede atribuir al mismo que hubiera presentado datos o documentos fraudulentos, atribución que solo le compete a los funcionarios del SENASIR que en su momento calificaron la prestación de las rentas de seguridad social y que en consecuencia, se inobservó el art. 477 del RCSS, vulnerando el principio de presunción de inocencia previsto en el art. 116-1 de la CPE.”

En ese entendido, el Auto de Vista impugnado, no puso en duda la facultad del SENASIR, respecto de revisar de oficio las rentas en curso de pago y adquisición; puesto que, esta facultad se encuentra reconocida en los arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 5 inc. h) del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003; y menos, respecto del Instructivo emitido por la Dirección General de Pensiones (DGP) Nº 01/99 de 04 de enero de 1999; si embargo, al haber advertido la determinación de devolución de montos de dinero percibido por el asegurado por concepto de renta básica de vejez y que dicha determinación no correspondía tomando en cuenta que esta renta básica fue otorgada en base a documentos idóneos y vigentes, respecto de la edad y las cotizaciones presentados por el asegurado y que en todo caso no se le puede atribuir al mismo que hubiera presentado datos o documentos fraudulentos; por consiguiente, conforme consta en la parte considerativa líneas arriba descrita, el Tribunal de alzada, aplicó adecuadamente la indicada normativa y por ende en la parte Resolutiva del citado Auto de Vista ordenó dejar sin efecto la determinación de recuperación de lo ya cobrado, quedando consolidado dicho pago; disponiendo además, dejar sin efecto el descuento del 20% mensual de la Renta única de viudedad otorgada a la reclamante, en lo demás mantuvo firme y subsistente la resolución apelada.

En ese entendido, corresponde señalar que, si bien es evidente que en aplicación de las indicadas facultades de revisión que tiene el SENASIR, se puede recuperar los daños económicos provocados al Estado, conforme faculta los arts. 42 inc. b), 43 de la Ley Nº 1178 y 8 del DS Nº 23215; empero, esa facultad de acuerdo a la misma normativa descrita, solo permite realizar esa tarea en la vía administrativa o Coactiva Social, cuando se evidencie los presupuestos jurídicos para su procedencia; es decir, cuando los beneficiarios o derecho habientes, hubiesen presentado documentos, datos o declaraciones fraudulentas; aspecto que, en el presente caso no se ha acreditado, evidenciando que se incurrió en un error administrativo, no imputable a la beneficiaria, sino a los funcionarios encargados de realizar esa fusión automática de rentas.

Al respecto, es preciso dejar claramente establecido que para el ejercicio de la facultad anteriormente señalada (revisión de rentas), se debe tener en cuenta lo que establece el art. 477 del RCSS, transcrito precedentemente.

De la segunda parte de la norma descrita, aplicable al caso por la jerarquía normativa prevista en el artículo 410 de la CPE; se colige que, a efectos de proceder al descuento de los montos que fueron cobrados indebidamente por el rentista, es menester determinar primeramente que, el cálculo de la prestación que se otorgó, debe ser realizado en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas, proporcionadas por el asegurado, única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos, aspecto que no se observa en el caso de autos; porque de los antecedentes del expediente, se advierte que, si bien en la revisión de prestaciones se detectó un cálculo erróneo en la calificación de renta de vejez básica, otorgadas mediante Resolución (DGP) Nº 17520 de 13 de diciembre de 1999; empero, no es menos evidente que el SENASIR, no acreditó que este error sea atribuible al rentista o que se hubiese originado en la información proporcionada por éste, cuando solicitó su renta única de vejez, requisito que es de inexcusable cumplimiento, para disponer la devolución de los excedentes cancelados, a ello debe añadirse que de acuerdo con el art. 6 del MPRCPyA, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, es obligación de los funcionarios del SENASIR la recepción del expediente, la verificación de la densidad de cotizaciones, la evaluación de la renta, la inclusión de los beneficiarios y la calificación de la renta, correspondiendo al asegurado únicamente la presentación correcta de la documentación requerida por el señalado manual para la calificación de su renta, lo que precisamente fue cumplido por parte del solicitante; por consiguiente, y no siendo atribuible al rentista el error cometido inicialmente en la calificación de su renta de vejez básica, resulta incorrecto el cobro indebido y el descuento que dispuso la Comisión de Calificación de Rentas y que fue confirmada por la Comisión de Reclamación, tal como acertadamente estableció el Tribunal de apelación, sin perjuicio que el SENASIR, en uso del derecho de repetición que le asiste, como emergencia del cumplimiento de la responsabilidad estatal, inicie las acciones administrativas y legales que correspondan contra los funcionarios responsables.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y lo dispuesto en el art. 48-IV de la CPE, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los artículos 35-I y 45-II, de la norma Suprema, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por consiguiente, bajo estas premisas se establece que el Auto de Vista recurrido, no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; por ello, corresponde resolver conforme previene el art. 220-II del CPC-2013, aplicable por permisión de la norma remisiva contenida en el art. 633 del RCSS y art. 55-III del DS Nº 822 de 16 de marzo de 2011.