CONSIDERANDO III: Doctrina aplicable al caso
III.1. De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación.
El principio constitucional contenido en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece la impugnación en los procesos judiciales; empero, no es menos evidente que ese principio no es absoluto para todos los procesos e instancias, debido a que se encuentra limitado por la misma ley, ya sea por el tipo de proceso, por la naturaleza de la resolución y sobre todo por la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino más bien la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.
En tal sentido, el art. 250.I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario”, disposición legal que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario; ahora bien, en consonancia con lo referido en la última parte de la citada disposición, tratándose del recurso de casación el art. 270.I del Código Adjetivo es claro al establecer que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos: 1. Contra autos de vista dictados en procesos ordinarios; y, 2. En los casos expresamente establecidos por ley. En ese contexto, se debe entender que cuando el legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra autos de vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido que este máximo Tribunal de Justicia uniforme jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 num. 3 de la Ley Nº 025; es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel nacional, entonces bajo esa directriz el recurso de casación únicamente procederá contra autos de vista que resolvieren un auto definitivo y sentencias en los casos expresamente establecidos por ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así en otros casos. A efecto de tener un entendimiento certero se debe aclarar qué se entiende por auto definitivo, sobre la definición de este tipo de resolución la Sentencia Constitucional Nº 0092/2010-R, ha orientado: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias”; y, conforme orienta el art. 211 de la Ley Nº 439 son aquellos que ponen fin al proceso, de lo que se puede inferir que el auto definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyendo que, para que una resolución sea catalogada como definitiva debe contener uno de esos presupuestos; entonces, se deberá analizar la naturaleza de la resolución. Valga aclarar que, lo expuesto no resulta una regla absoluta en el entendido que el legislador ha establecido prohibiciones expresamente determinadas por ley para la inviabilidad o improcedencia del recurso de casación dentro de procesos ordinarios, como ser lo determinado en los arts. 113.II y 248.II del Código Procesal Civil entre otros, que pese a tener esa calidad de autos definitivos son inimpugnables de casación y para el caso de autos de vista que resolvieren sentencia es inviable el recurso de casación en los procesos ordinarios que derivaren de resoluciones dictadas en proceso extraordinarios art. 270.II del referido Código.
III.2. De las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia.
Sobre el particular conforme se ha expuesto en el punto precedente el principio de impugnación presupone un principio regulador de nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, el mismo no resulta absoluto, sino se encuentra limitado; por lo que, para el caso en cuestión las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, corresponde un análisis minucioso, debido a que si bien la normativa contenida en el abrogado Código de Procedimiento Civil, en su art. 518 de forma precisa establecía únicamente la viabilidad del recurso de apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior; empero, por el efecto de la temporalidad de la Ley, la citada normativa ha sido dejada sin efecto por el Código Procesal Civil, existiendo ante ese hecho un vacío jurídico para el caso en cuestión; en ese entendido, corresponde a este máximo Tribunal en aplicación del art. 6 de la referida norma y del art. 42 num. 3 de la Ley del Órgano Judicial, generar jurisprudencia orientadora sobre el caso. Partiendo de lo precedentemente expuesto debe tenerse en cuenta que, la fase de ejecución de sentencia por esencia no puede suspenderse por ningún recurso ordinario, extraordinario o cualquier solicitud que tendiere a rechazar o dilatar esa ejecución, conforme a lo delineado en el art. 400 de la Ley Nº 439, es bajo esa premisa que toda determinación emergente en esa fase, en principio es susceptible de recurso de reposición conforme orienta el art. 253.II de la nombrada ley, siempre y cuando la misma lo permita y también es apelable únicamente en el efecto devolutivo, ya que por simple sindéresis jurídica toda determinación asumida es consecuencia de la sentencia dictada, es por dicho motivo que le es aplicable únicamente el art. 260.II de la Ley Nº 439, debido a que ese efecto de apelación permite el normal desarrollo de esta fase (puesto que el efecto devolutivo ha de permitir que el Juez de la causa continúe con el normal desarrollo de la causa sin interrumpir esa fase). Entonces, bajo ese entendimiento ninguna cuestión emergente de ésta etapa puede ser considerada como definitiva; consecuentemente, ninguna resolución dispuesta en esa fase se acomoda a los supuestos expresados en el punto anterior; es decir, en el acápite III.1, un criterio disímil importaría dilatar esa fase de ejecución de sentencia, es por dicho motivo que no es factible el recurso de casación en fase de ejecución de sentencia.
De todo lo expuesto hasta ahora, se puede asumir que el recurso formulado en contra de un auto de vista que resuelve la acción de regulación de honorarios en segunda instancia y en fase de ejecución de sentencia, no puede ser recurrible en casación.