SE/0024/2025

Luego de una amplia exposición de antecedentes la UPB expuso los agravios que le ocasionó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1299/2023 de 6 de noviembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) y alegó:

Fundamentos de forma.

Falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución Jerárquica (citando parte de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0487/2020-S2 de 29 de septiembre), debido a que la AGIT se limitó a exponer que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) habría dado cumplimiento a la motivación y argumentación, por lo que carece de sustento normativo que permita declarar la legalidad del Requerimiento 173295, que es ajeno a la Orden de Verificación 19990200173, que dio origen a la Resolución Determinativa 172239000214, erróneamente revocada en parte por la AGIT, toda vez que, esta debió ser anulada, para una nueva revisión en la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), acusando que la AGIT pretendió encubrir además del sobredimensionado y alejado alcance efectuado en el trabajo de campo de la Gerencia GRACO Cochabamba de SIN, la actuación de fiscalizadores no habilitados para llevar adelante la auditoría respecto del periodo agosto 2015, tomando en cuenta actuados de la Orden de Verificación 19990200175 correspondiente al periodo julio 2015.

Falta de motivación y fundamentación de la Resolución Jerárquica en cuanto a la fusión de órdenes de verificación.

Alegó que, como establece el Manual de Procesos de Determinación, solo el fiscalizador y el supervisor asignados al caso podía firmar el Formulario 173295, sin embargo, en el presente caso figura como fiscalizador Daniel Zardán Campos y como supervisora Elizabeth Ibarra Orosco, advirtiendo que los mismos no fueron asignados al proceso de determinación 19990200173, toda vez que carecían de memorándums de asignación para llevar a cabo el trabajo de auditoría del referido proceso cuyo alcance es el periodo fiscal mayo 2015.

Acusó que la Gerencia GRACO Cochabamba de SIN provocó confusión a la UPB; toda vez que fusionó y mezcló requerimientos, al solicitar documentación de la Orden de Verificación 19990200175 y notificando la Vista de Cargo con los resultados de la Orden de Verificación 1990200173, añadiendo que el SIN aceptó la existencia de este error insubsanable, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa. Refirió que la AGIT no tomó en cuenta que la UPB expresó como pretensión la desnaturalización del procedimiento de fiscalización dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0032-16, limitándose a replicar lo expresado por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) que fue copia de lo señalado por la Gerencia GRACO Cochabamba de SIN, omitiendo valorar los argumentos de la UPB respecto del sobredimensionamiento del SIN en el alcance de la verificación que desnaturaliza el procedimiento determinativo dispuesto por normativa tributaria, soslayándose los arts. 68.8 y 104.I del Código Tributario Boliviano (CTB), por cuanto el alcance del proceso determinativo no puede sobredimensionarse, fusionarse, menos aún unificarse con otras órdenes de verificación, no existiendo un motivo valedero y real, cuando se manifiesta la fusión y la confusión e indefensión que dejó a la UPB; puesto que no refieren a la fusión del requerimiento de documentación que sufrió y que se vio comprometida la Orden de Verificación 199990200173 que culminó en la Resolución Determinativa 172239000214. Ello se refrenda, porque la AGIT simplemente transcribió lo expuesto por la ARIT, y que esta última copió el fundamento de la Gerencia Tributaria, por tanto, es evidente la conculcación a la debida motivación y fundamentación.

Otros elementos de falta de motivación y fundamentación en la que incurrió la AGIT, que vulnera el debido proceso.

Señaló que los gastos menores fueron expuestos tanto en el Recurso de Alzada como en el Recurso Jerárquico, los cuales no fueron valorados por parte de las instancias administrativas, no habiéndose resuelto todas las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo, evidenciando falta de fundamentación sobre todos los puntos expuestos por la Universidad, vulnerando el debido proceso.

La desnaturalización del procedimiento de verificación, que vulnera el debido proceso del administrado, que deriva en una motivación arbitraria.

Alegó que, la Autoridad demandada se limitó a replicar lo expuesto por la ARIT, por lo que la Resolución Jerárquica demandada carece de fundamentación y motivación, con una reproducción de lo expuesto en instancia de alzada, por lo que carece de elementos suficientes que justifiquen la decisión tomada y que la ARIT fundamentó su resolución sin respaldo jurídico adecuado, lo que constituye una motivación arbitraria y una clara vulneración del debido proceso, así también se evidencia la falta de observancia de los procedimientos establecidos en el CTB y sus normas reglamentarias, lo que compromete la validez del proceso de verificación.

Respecto a la vulneración al principio de seguridad jurídica, la UPB argumentó que es fundamental respetar el alcance de la fiscalización una vez que la Orden de Verificación ha sido debidamente notificada al administrado, observó la acción de la Gerencia GRACO Cochabamba, al haber fusionado varias órdenes de verificación en una sola, al solicitar en la Orden de Verificación 19990200175, ajena a la presente fiscalización, documentos de toda la gestión 2015, de enero a diciembre, a pesar de que la Orden de Verificación (19990200175) solo tiene el alcance al periodo de julio 2015 y no así para otros periodos y menos aún para la presente revisión fiscal. Este tipo de acciones contradice principios fundamentales del derecho administrativo, como el sometimiento a la ley y la buena fe, generando una inseguridad jurídica que podría afectar a otros contribuyentes, con vicios procedimentales insubsanables, al haberse desnaturalizado el procedimiento determinativo, máxime de ser una verificación puntual por un periodo.

De la Vista de Cargo 292239000029 de 11 de abril de 2022 que no reúne los requisitos dispuestos en el art. 96 del CTB.

Citó y desarrolló los arts. 96.II del CTB, 35 y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), argumentando que la referida normativa permite discernir que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1299/2023 no observó los antecedentes administrativos, tampoco verificó adecuadamente los agravios expuestos por el recurrente, ni las pruebas adjuntas, por lo que los vicios acusados son evidentes y no permiten la continuidad o desarrollo del proceso, correspondiendo reencausar lo determinado por la AGIT, dejando sin efecto y/o anulando obrados y con su resultado se tenga una Resolución que se ajuste a los estándares y principios constitucionales y tributarios que rigen la materia.

Sobre el carácter de contribuyente no obligado a llevar registros contables.

Señaló que, en cuanto al primer Requerimiento 150850, la UPB adjuntó facturas de compras originales, comprobantes de egreso tomo I al tomo IV, acompañando documentación de respaldo en archivadores de palanca, comprobantes de traspaso tomo I al tomo V, libros de compras, extractos bancarios, plan de cuentas contables digital, libro mayor formato digital, planilla de sueldos, libros diario y mayor, con documentación de respaldo y por efecto del ilegal Requerimiento 173295, se adjuntó una variada documentación por toda la gestión 2015. Asimismo, se adjuntó mayor documentación como descargo a la Vista de Cargo, adjuntándose entre otros, comprobantes de traspaso, comprobantes de egreso, contratos, adendas, impresiones de correos electrónicos, Instructivo (D-06/14/VRAF) de 21 de abril de 2014, y la Resolución VRAF-01/2015 del Vicerrectorado Administrativo Financiero Normativa, ingresos adicionales y gastos de enero de 2015, entre otros Reglamentos e Instructivos.

Añadió que, la UPB acompañó una gama de documentos y pruebas que permiten establecer los requisitos para apropiarse del crédito fiscal de las facturas observadas, en virtud a la documentación tanto contable como documentos adicionales y complementarios, estableciendo la materialidad de la transacción y la vinculación con la actividad gravada.

Acusó que, la AGIT expresa que la ARIT Cochabamba, motivó su decisión sin referirse expresamente a la falta de presentación de documentación contable, aspecto que debe tenerse presente en este punto, al ser de vital importancia, toda vez que a partir de esta apreciación, la UPB ha demostrado no haberse valorado la documentación contable adjunta al caso concreto, toda vez que, no se expresó cuál el valor probatorio de los documentos contables adjuntos, por ello, la AGIT no ha comprendido ni entendido que la pretensión de la UPB, fue la inadecuada apreciación y falta de análisis al no haber expuesto por qué esta prueba resulta insuficiente, no relacionada a las observaciones del Ente Fiscal, pues no es concebible que solo exponga la AGIT que hubo motivación, cuando en los hechos la UPB puso en duda dicha facultad del SIN, puesto que pese a esta documentación contable, no obligatoria por parte de la Universidad, simplemente se extrañaron documentos que son internos y de control, no imprescindibles para la vinculación con la actividad gravada, los cuales no son suficientes como para observar, depurar y confirmar la depuración de crédito fiscal en contra de la UPB, es decir, ni el SIN menos aun la AGIT, expusieron porque estos documentos no son suficientes para apropiarse de crédito fiscal, a más de señalar ciertas inconsistencias en su contenido, para luego extrañar mayor documentación adicional, sin que se tenga conocimiento del porque no se vinculan con las actividades que generan renta gravada, advirtiendo que la prueba adjunta no fue analizada ni valorada conforme la sana crítica.

La interpretación de la AGIT, sobre la prueba aportada en sede de impugnación administrativa y erróneamente analizada por la ARIT, que soslaya el debido proceso y el derecho a la defensa y producción de la prueba, que transgrede lineamiento constitucional de cumplimiento obligatorio y normativa tributario en relación a los descargos presentados como prueba por la UPB.

Indicó que la ARIT rechazó prueba de vital importancia y la AGIT en el desarrollo de la Resolución Jerárquica demandada, generó una revisión en única instancia, transgrediendo el principio de la doble instancia, extremo que en un estado de derecho no es aceptable bajo ningún concepto, encubriendo lo que no hizo la instancia de alzada, forzando un criterio que desnaturaliza el procedimiento de impugnación, además de vulnerar las etapas de la prueba presentada en sede administrativa, trascendiendo en una motivación ilegal y arbitraria para la producción de la prueba, por lo que vulneró el art. 218 del CTB.

Acusó que, resulta por demás formalista el argumento de la AGIT al señalar que, por haberse solicitado contratos civiles, estos debían cumplir con la exigencia del art. 81 del CTB y que UPB no tenga la posibilidad de presentarlo en sede de impugnación, pese a que estos contratos civiles, dan cuenta de las operaciones y transacciones en la medida que sucedieron, los que en definitiva en la medida necesaria, son documentos fehacientes y se relacionan con los hechos ocurridos permitiendo vincularlos con las actividades gravadas de la Universidad, por lo que al no valorarlos vulneraron el debido proceso con una motivación arbitraria, citó la SCP 0028/2022-S2 de 30 de marzo, en relación a la valoración de la prueba.

Fundamentos de fondo.

De la validez del crédito fiscal que permite revocar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1299/2023.

De la errónea aplicación de los principios de verdad material y de informalismo de la AGIT, respecto al crédito fiscal en favor de la UPB.

Refirió que la AGIT reconoció que no fueron valorados documentos de descargo, como ser los Contratos Civiles, toda vez que la UPB no podía presentarlos posteriormente, sino en cumplimiento del art. 81 del CTB, cuando dicha disposición limita la presentación de la prueba, sin embargo, el art. 215.I del mencionado cuerpo normativo, determina que el sujeto pasivo podrá hacer uso de todos los medios admitidos en derecho, por lo que, es evidente que la instancia de alzada no valoró la prueba presentada en sede de impugnación regional, por lo que la AGIT vulneró la normativa aplicable al caso al aducir que efectuaría un pronunciamiento en el fondo de la controversia para corroborar la eficacia de la prueba en la validez del crédito fiscal Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no fue analizada ni valorada por la ARIT, soslayando y evitando con ello se consagre el principio de la doble instancia establecida en el CTB, vulnerando además el principio de verdad material, dejando en total indefensión a la Universidad. Añadió que la AGIT vulneró el principio de la doble instancia, puesto que la instancia anterior no valoró la prueba presentada, citó la SCP 0028/2022-S2 de 30 de marzo referente a la obligación de toda autoridad judicial y administrativa de analizar, valorar y tazar toda prueba presentada en etapa respectiva, ya sea de reciente obtención o no, aplicando los principios rectores del procedimiento administrativo tributario.

En relación a las facturas observadas por concepto de hospedaje y/o alojamiento en hoteles, centros de hospedaje, entre otros similares, alegó que casi la totalidad de estas facturas fueron procesadas por personal de planta o dependiente de la UPB y que la valoración de la AGIT carece del principio de verdad material, pues en los hechos, por no haberse detallado en el memorándum la labor exacta a seguir, simplemente por haberse expuesto de manera general Diplomado, que no existe relación de dependencia por efecto de contratos civiles con los docentes, que la participación del dependiente para participar en un seminario internacional nueva ISO/DIS 9001-2015, estos hechos evidencian que la AGIT actuó con total ritualismo vulnerando el principio de verdad material.

Señaló que, las calificaciones de los estudiantes, fotografías, brochures de las materias, cursos y diplomados, se constituyen en descargos de soporte que refuerza a los documentos ya presentados como ser comprobantes, memorándums, formulario de solicitudes, rendiciones de cuenta, informes de satisfacción del bien o servicio, planilla de sueldo, reglamentos, instructivos, entre otros, ayudan a entender a cabalidad las operaciones efectuadas entre el proveedor y la UPB, pues las calificaciones son el resultado final de la docencia, actividad vinculada.

En relación a las facturas observadas por concepto de pasajes aéreos en lo que respecta a las Facturas 6561440814, 6561443165, 6561443194, 6561447094, 6561450660, 6561454156 y 6561458948, el concepto de la compra se relaciona con la participación de personal de planta para asistir a Congreso de Marketing y Conferencia Latinomkt Adecuación Mallas Académicas, que son necesarias para el desenvolvimiento institucional para delimitar estrategias de imagen así como la revisión de ofertas académicas, ya sea para la adecuación o modificación de las mallas académicas, como actividad administrativa propia de la UPB, por tanto se advierte vulneración al principio de verdad material, con una motivación arbitraria.

En relación a las facturas observadas por concepto de refrigerios, alimentos, insumos y otros, se desprende que verificados los cuadros y los antecedentes adjuntos, se evidencia que las Facturas 27434, 11178, 11179, 6007, 10331, 579254, 1093, 37649, 37650, 108923, 614368, 97793, 97794, 656, 14033, 42702, 648897, 692476 y 719corresponden a compra de alimentos y otros enseres con registros de caja chica, y que en otros casos refieren a viáticos por concepto de viaje, los que no requieren de solicitudes de compra o requerimientos, además que el reporte de la rendición de cuentas, acusando que la AGIT debió individualizarlas en su criterio de depuración para hacer entender al justiciable de manera clara los motivos ciertos y valederos en su verdadera motivación de depurar dichas facturas, no habiendo fundamentado conforme determina la SCP 0487/2020-S2 de 29 de septiembre.

Señaló que se expuso en su Recurso Jerárquico que la ARIT realizó un análisis de forma genérica de 4 o 5 facturas, no teniéndose conocimiento cierto de por qué las facturas no son válidas para crédito fiscal, puesto que la instancia de alzada, en cuanto a las facturas observadas bajo el código 1.5, replicó al igual que en el resto de facturas, los mismos criterios expuestos por la Gerencia GRACO Cochabamba, por lo que no expuso razones con fundamento propio, vulnerando el debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación.

En relación a las facturas observadas por concepto de alquileres, sobre la factura 21, refirió que tiene el concepto de alquiler de ambientes, donde se presenta comprobante de traspaso y rendición de cuentas de caja chica, en estos documentos se demuestra que el alquiler correspondiente para el “Curso Experto en Excel” y documentación referente al mismo, actividad educativa que se encuentra vinculada a la renta gravada.

Con referencia a las facturas observadas por concepto de provisión de insumos para mantenimiento, servicios de mantenimiento de jardín, limpieza, transporte, auditoría, capacitaciones, talleres, entre otros; en cuanto a las Facturas 13, 14, 15 y 18, la AGIT expone los documentos adjuntos, observando descargos fehacientes, puntuales y suficientes que demuestran la vinculación con las actividades gravadas de la Universidad.

En relación a las facturas observadas por los conceptos de arreglos florales, señaló que, las facturas cumplen con todos los requisitos formales, verificando que todos los gastos se efectivizaron y se vinculan directamente con la actividad gravada de la Universidad al tratarse de gastos por conceptos de arreglos florares para las actividades de la inauguración del festival internacional de cuentos y otras actividades propias de la Universidad.

Respecto a las facturas observadas por concepto de poleras, sudaderas, pantalones y camisas, refirió que las observaciones realizadas por la AGIT vulneraron el debido proceso y el principio de verdad material, por cuanto las compras fueron para la entrega del personal dependiente, aspecto que se detalla en el contenido de las planillas.

En relación a las facturas observadas por concepto de obras en construcción, señaló que el edificio se encuentra físicamente construido en el campus de la Universidad, situación que fue demostrada con fotos y otra documental adjunta, por lo que, al contar con las facturas originales; presentar medios fehacientes de pago y demostrar la materialización de la transacción y la vinculación con la actividad gravada, fueron cumplidos todos los presupuestos para la apropiación de crédito fiscal.

Con referencia a las facturas observadas por concepto de consumo de energía eléctrica, telefonía y tarjetas prepago, refirió que, los gastos de energía eléctrica corresponden al servicio de luz dentro de una propiedad de la UPB, asimismo, el servicio de telefonía móvil, gastos relacionados con las operaciones administrativas de la Universidad, por lo que corresponde sean valoradas con base en el principio de verdad material conforme el art. 4.d) de la LPA.

Manifestó que, la AGIT emitió una motivación arbitraria en relación a la producción de prueba presentada por la UPB, toda vez que las premisas fácticas respecto del análisis y valor probatorio fueron superfluas, exigiendo documentación innecesaria y no imprescindible para acreditar la vinculación con la actividad gravada de la UPB, transgrediendo el debido proceso y el principio de verdad material.

Solicitó se emita Sentencia declarando PROBADA la demanda y en consecuencia se deje sin efecto y se anule la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1299/2023 de 6 de noviembre, a efectos de emitirse una nueva resolución con base en los lineamientos descritos y los vicios expuestos e identificados, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Requerimiento 173295 de 9 de octubre de 2020 o en su caso hasta los vicios identificados en la demanda; añadió que, en el caso de no advertir los vicios procedimentales expuestos, se revoque en parte la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1299/2023 de 6 de noviembre, declarando en el fondo la validez del crédito fiscal IVA por el periodo mayo de 2015, de las facturas confirmadas y depuradas por la AGIT y se declare la inexistencia de deuda tributaria, dejando sin efecto la Resolución Determinativa 1722390000214 de 21 de julio de 2022.