Fecha: 17-Ene-1995
La señora Ligia Beatriz Betancur de Gaviria promovió acción de tutela ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, contra su esposo Luis Fernando Gaviria Mejía, con el fin de obtener, para ella y sus hijos, como mecanismo transitorio, la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la honra, a la pr...
Fecha: 23-Ene-1995
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, recibió el día 16 de diciembre de 1994, a través de la Defensora 2a. de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal #8, ubicado en la calle 22 A #2-26 de esta ciudad,...
Fecha: 23-Ene-1995
El derecho a impugnar los fallos de tutela ha sido reconocido a las partes en forma directa por la Carta Política, por lo que los jueces de la República no pueden impedir su ejercicio ni exigir más requisitos que aquellos expresamente establecidos en las disposiciones superiores. No existiendo norma constitucional ni legal que obligue a que la impu...
Fecha: 17-Ene-1995
En materia legislativa, la aprobación alude al asentimiento válido de la correspondiente comisión o cámara a un determinado proyecto o proposición, el cual no se entiende otorgado si falta alguno de los requisitos exigidos en abstracto por la normatividad constitucional que rige la materia. Entre tales requisitos cabe resaltar, para los fines del p...
Fecha: 17-Ene-1995
Cabe anotar que el texto acusado (Art. 125 del Decreto 100 de 1980) confunde rebelión con revolución, pues modificar el régimen constitucional o legal vigente implica una actitud revolucionaria. Al respecto, conviene aclarar dos cosas: primera, no puede abarcar el género revolución ni el género rebelión, sino solamente las modalidades no ajustadas ...
Fecha: 17-Ene-1995
La ciudadana Elizabeth Whittingham García, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad del artículo 18 (parcial) de la ley 50 de 1990 "Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposicio...
Fecha: 16-Ene-1995
El entendimiento de la norma no puede ser (...) el de que la entidad de seguridad social esté autorizada para interrumpir un tratamiento a quien estaba derivando de él evidentes progresos (...), con mucha mayor razón si (...) es factible obtener mejoría del paciente mediante la terapia y los controles regulares, favoreciendo así una notable disminu...
Fecha: 16-Ene-1995
Cuando quien presta los servicios de la seguridad social es un organismo o entidad del Estado, sus respuestas a quien los demanda son actos administrativos contra los cuales proceden las acciones pertinentes, luego normalmente existe una vía alternativa para buscar la protección judicial. Si el actor considera que tiene derecho a una pensión por in...
Fecha: 16-Ene-1995
Si toda persona tiene derecho a profesar libremente sus creencias -en cuyo contenido no pueden penetrar el Estado ni los particulares para condicionarlas, perseguirlas o acallarlas, ni tampoco para imponer determinados patrones o modelos-, es natural que puedan llevar a efecto, de manera privada y pública, sus cultos y difundir los principios de la...
Fecha: 16-Ene-1995
El acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental cuyo alcance no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados. Su núcleo esencial reside en la certidumbre de que, ante los estr...
Fecha: 16-Ene-1995
El principio de solidaridad irradia todo el orden jurídico y se manifiesta en numerosas instituciones y principios constitucionales. Es el caso del postulado que establece la función social de la empresa, el cual permite al Estado ejercer inspección y vigilancia, incidir sobre las variables económicas dentro de las cuales se desarrolla la actividad...
Fecha: 16-Ene-1995
La omisión de una prueba objetivamente conducente en el proceso que se sigue contra el peticionario, constituye una violación a su derecho de defensa y al debido proceso. El derecho que tiene el procesado a no ser considerado culpable hasta tanto no se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial, está íntimamente ligado a la existencia de me...
Fecha: 16-Ene-1995
La Constitución Política incorporó dentro de sus preocupaciones, el reconocimiento y defensa de las minorías étnicas, y de manera muy significativa, reservó en favor de las comunidades indígenas una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia de su integridad cultural, social y económica, su capacidad de autodeterminación administrativa y ...
Fecha: 17-Ene-1995
El Gobernador del Magdalena, a través de apoderado, mediante oficio del 8 de julio de 1994, contestó la demanda en los siguientes términos: "... Efectivamente el peticionario es pensionado de la entidad antes señalada, de acuerdo a la Resolución y actuaciones administrativas que obran en el expediente, lo anterior nos indica que se le han reconocid...
Fecha: 17-Ene-1995
En toda actuación tanto los funcionarios judiciales como las autoridades administrativas, deben observar los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos, en especial el de defensa de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando dicha actuación en un caso concreto p...
Fecha: 17-Ene-1995
No se ha configurado violación del derecho a la salud en sentido estricto, y, por tanto, tampoco del derecho a la vida, por cuanto el actor omitió los cauces legales idóneos para satisfacer su pretensión, de suerte que no puede excusarse en su negligencia, no sólo porque incurrió en culpa, sino porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa. El ...
Fecha: 20-Ene-1995
Sea o no controvertible la legalidad de la mencionada forma de pagar el salario, de todas maneras la trabajadora tiene derecho a reclamar y el ejercicio de este derecho, bien sea directamente ante el superior o como acción de tutela no puede ser en ningún momento reprochado. Y, la Directora Administrativa del Ministerio de Educación, invocando el O...
Fecha: 23-Ene-1995
Teniendo en cuenta principios de justicia social y de equidad, reconocidos universalmente y la naturaleza de Estado social de derecho que caracteriza al nuestro, donde las autoridades están en la obligación constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos de manera eficaz y oportuna, así como sus derechos fundamentales, la acció...
Fecha: 30-Ene-1995
JOSE ARCESIO SANCHEZ MARIN, Cabo de Prisiones al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, acudió ante el Juez Laboral del Circuito de Medellín -Reparto-, con el objeto de instaurar acción de tutela contra el mencionado organismo por considerar violados sus derechos fundamentales. ...
Fecha: 30-Ene-1995
Si la Constitución autorizó a los particulares para prestar el servicio público de la educación, concedió a éstos las posibilidades, reguladas por la ley y bajo la vigilancia de la administración, de cobrar por la prestación de sus servicios. Ello es legítimo y goza, por tanto, de protección constitucional siempre que los establecimientos educativo...