DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).

76. Sin embargo, en el caso concreto no se advierte razón alguna, por la cual, las normas en cuestión lleven a violentar tales postulados, ya que únicamente establecen los parámetros que el juzgador ha de seguir al momento de graduar la culpabilidad del sentenciado; en todo caso, podría ser la aplicación de tales preceptos la que resulte en el establecimiento de una pena desproporcional o irracional; empero, tal violación, a nivel de aplicación de la ley, únicamente podría ser analizada a la luz de cada caso en concreto y a nivel de legalidad -no así de constitucionalidad-.

77. En ese contexto, resulta de especial relevancia destacar la parte final del precedente de la Sala que resolvió el tema ahora analizado, en el que se estableció que el Juez, en cada caso, tiene que motivar derivado de la integral ponderación del hecho delictivo, el porqué establece un determinado grado de culpabilidad como base de la individualización de la pena; por ende, se considera que el juzgador no puede conducirse de modo arbitrario al aplicar el artículo 72 supra citado, pues, por el contrario, todos sus razonamientos deben tener consistencia lógica y guardar correspondencia material con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que ello implique, por supuesto, que cualquier transgresión a ese deber de motivación, a cargo del Juez pueda ser impugnado y también deberá ser analizado con rigor jurídico.

78. En conclusión, los artículos 70 y 72, este último en sus distintas fracciones, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, al prever una técnica de graduación que no da margen a la discrecionalidad, no son en sí mismos generadores de arbitrariedad; sin embargo, para que el uso del arbitrio judicial quede controlado y se apegue a los contenidos que demanda nuestro régimen constitucional, es de esencial importancia que el Juez motive su resolución de modo adecuado y exhaustivo, basado en la justa e integral ponderación del hecho delictivo.

79. Apoya a la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 157/2005, sustentada por esta Primera Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

80. "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. De conformidad con los artículos 70 y 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la discrecionalidad de la que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quantum de la pena resulta congruente con el grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe norma alguna que lo constriña a adoptar algún procedimiento matemático en específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXIII, enero de 2006, tesis 1a./J. 157/2005, página 347, Núm. Registro IUS 176280.)

81. No es óbice a lo anterior, que esta Primera Sala, en los diversos amparos directos en revisión 343/2012, 842/2012 y 3292/2012, haya invalidado la porción normativa del artículo 72 del Código Penal del Distrito Federal, que dispone: "para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez ... en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes"; lo que se traduce en que, para graduar la culpabilidad del inculpado, no deben tomarse en cuenta los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del sujeto activo; pues en la especie, si bien se llevó a cabo el estudio de personalidad del procesado -fojas 366 a 368 del tomo I, de la causa penal de origen-, lo cierto es que, tal pericial no fue tomada en cuenta por la Juez natural para fijar el grado de culpabilidad del quejoso hoy recurrente, tal como se advierte de la transcripción siguiente -fojas 1221 vuelta a 1223 vuelta, del tomo II, de la causa penal de origen-:

82. "IV. En lo que corresponde a la individualización de la sanción, este órgano de decisión, en uso del arbitrio judicial que la ley otorga y en observancia a las directrices establecidas por los numerales 70, 71 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal en vigor, procede al estudio de las circunstancias que ahí se disponen: a) Que la naturaleza de la acción desplegada por el enjuiciado, fue de carácter doloso, esto es, conocía los elementos del tipo penal de homicidio, y no obstante llevó a cabo la totalidad de los actos ejecutivos que deberían de producir el producir el resultado, al conducir la motoneta en el cual viajaba el sujeto que tiró de balazos al ofendido, pretendiendo en todo momento de privarlo de la vida, sin llegar a la consumación, por causas ajenas a su voluntad, dada la falta de pericia del tirador y el caminar zigzag yante (sic) del denunciante, empero si puso en peligro el bien jurídico tutelado, que lo fue la vida del pasivo de mérito; por lo que la naturaleza de este delito lo fue a título de dolo directo. b) La magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado, fue de intensidad media, pues aun cuando quedó demostrado el ánimo del acusado de privar de la vida al ofendido, cierto es también que, las lesiones que le causó no comprometieron su vida. c) Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del suceso del hecho realizado; se aprecia que los sucesos delictivos cometidos, se perpetraron el 25 veinticinco de junio de 2009, dos mil nueve, como a las 19:20, diecinueve horas con veinte minutos, cuando el ofendido ********** se encontraba en la calle **********, frente al local ********** del inmueble marcado con el número **********, colonia **********, de la delegación **********, y recibió varios disparos de bala, causándole tres heridas, la primera con características de entrada en el glúteo derecho, la segunda con características de salida en la unión de periné con glúteo derecho y la tercera, con características de entrada en glúteo izquierdo, sin que lograra privar de la vida al ofendido, debido a la falta de pericia del sujeto activo y que en el momento en que efectuó los disparos se encontraban en movimiento, debido a que circulaban en una motoneta, aunado a que el ofendido corría en el momento de los disparos, por lo que esquivó diversas balas. d) La forma y grado de intervención del agente en la comisión de los delitos; las conductas las realizó en carácter de coautores materiales, al tener el condominio funcional de los hechos, tal como lo dispone el artículo 22, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal (quien lo realice conjuntamente); los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo en el caso en particular no se acreditó, aunado a que el tipo penal no exige calidad alguna en relación al justiciable y el ofendido. e) En lo que toca a las circunstancias peculiares del sentenciado ********** alias **********, éste al rendir su declaración preparatoria manifestó: ser de ********** años de edad, estado civil **********, instrucción escolar de **********, religión **********, nacionalidad **********, originario del Estado de **********, con domicilio actual calle **********, **********, **********, delegación **********, que no tiene apodo, ocupación **********, que no padece ninguna enfermedad ********** ni mental, que no es adicto a las drogas, que ocasionalmente ingiere **********, y fuma cigarrillo de tabaco comercial; que es hijo de ********** y **********, que no tiene tatuajes. f) Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el agente del delito al momento de la comisión del delito, era en estado normal. g) El comportamiento posterior del encausado ********** alias **********, con relación al delito cometido, fue actuar de manera pasiva frente al daño causado al ofendido, pues no hizo nada por reparar el daño causado o aminorar el desgaste económico que engendró el evento delictivo. h) En cuanto a las circunstancias especiales del acusado, relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de ajustar sus conductas a las exigencias de la norma, se aprecia que tuvo capacidad de autodeterminación para llevar a cabo o no la conducta ilícita, decidiendo contrariar la norma legal que prohíbe privar de la vida a las personas, lo que se deduce de la educación, edad y medio social en que se desenvolvía; aspectos que le permitían comprender la prohibición de esa conducta y conducirse de acuerdo a esa comprensión al no existir factor alguno que lo constriñera a actuar de la manera en que lo hizo, por lo que le era exigible actuar de manera distinta. Por lo que este órgano jurisdiccional, con base a todo lo anterior y en atención a las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión del evento criminal y las peculiaridades del autor, determina que ********** alias **********, releva una culpabilidad LIGERAMENTE SUPERIOR A LA MÍNIMA, TRES PUNTOS ARRIBA DE ÉSTA, lo que equivale a tres dieciseisavos del rango mínimo y máximo; pues no obstante las características particulares y personales del acusado antes mencionado, debe señalarse que bajo el principio de culpabilidad, actualmente adoptado por nuestra legislación se tomará en cuenta sólo la actitud del autor, respecto a la acción típica y antijurídica cometida (culpabilidad del hecho), en contraposición a los principios actualmente superados por la doctrina, de injusto impersonal, derecho penal del autor (culpabilidad de autor) y peligrosidad; de ahí que, en atención a ello, debe considerarse sólo el hecho delictivo, pero no el comportamiento del autor, anterior al mismo inclusive posterior, pues evidentemente las características personales de éste, carecen por sí solas, de entidad para dar por cumplidos los presupuestos en la aplicación de una pena, siendo que tales peculiaridades sólo entran en consideración en forma secundaria (para los efectos de la prevención especial); en apoyo a lo anterior se transcribe el criterio federal siguiente: ‘PENA DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO, LA CUAL DEBE ESTABLECERSE EN FORMA INTELIGENTE Y PRECISA.’ (se transcribe). De tal manera, que respetando siempre los principios de legalidad y seguridad jurídica en que se inspira un ordenamiento penal propio de un Estado democrático como el nuestro y en estricto apego al principio de arbitrio judicial, se justifica fundadamente el grado de culpabilidad señalado para el acusado de mérito, amén de que en todo caso las opiniones vertidas en el respectivo estudio de personalidad del enjuiciado, sólo constituyen juicios técnicos que deberán ser valorados por el juzgador, para considerarlos al momento de individualizar la pena, pero no en momento alguno puede constreñir, la facultad decisoria del sustentante de jurisdicción, para establecer los parámetros de culpabilidad aplicables a cada caso concreto. Por todo lo anterior y considerando además que no existe ninguna excusa absolutoria, que lo libere de la imposición de una pena, a continuación se procede al siguiente capítulo. V. PUNICIÓN. Ahora, atento a que quedaron constatados los elementos constitutivos del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA (hipótesis de ventaja: de cuando el pasivo se halla inerme y activo armado), así como la responsabilidad penal del ahora sentenciado ********** alias **********, ahora es menester señalar cual es la punibilidad aplicable. Así tenemos que el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, se encuentra sancionado en el artículo 128, de veinte a cincuenta años de prisión en concordancia con el 78, párrafo primero (de una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima) del Código Penal para el Distrito Federal. En esas condiciones y tomando en cuenta los parámetros de punibilidad establecidos en el correspondiente juicio de reproche para los ahora acusados, este tribunal de decisión, haciendo uso del arbitrio judicial conferido, en los artículos 70, 71 y 72 del Código Penal vigente, estima justo y equitativo imponerle a ********** alias **********, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA cometido en agravio de **********, una pena de 11, ONCE AÑOS 08, OCHO MESES DE PRISIÓN. Pena privativa de libertad impuesta al sentenciado, deberá compurgarla en el lugar que para ello designe la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con descuento del tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, con motivo de esta causa, que lo fue a partir del **********, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero, de la fracción X, apartado ‘A’ del artículo 20 Constitucional; y, el numeral 33 del código punitivo local, dejándose hacer el cómputo correspondiente a la autoridad ejecutora, en términos de la presente resolución)." El énfasis es nuestro.

83. Asimismo, dicha pericial tampoco fue tomada en cuenta por la Sala responsable al modificar la pena impuesta al impetrante del amparo en la sentencia reclamada, pues del toca penal **********, en la parte conducente -fojas 119 a 120 vueltadel toca de apelación-, se advierte que dicha responsable señaló textualmente lo siguiente:

84. "VIII. En orden a la punición para graduar la culpabilidad de ********** alias **********, por la comisión del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA CALIFICADO, que cometió, previsto en el numeral 123, en relación con el precepto 20 del Código Penal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y en uso del arbitrio judicial que confieren los artículos 70 y 72 del Código Penal de esta ciudad; debemos determinar cuáles son las penas a aplicar al enjuiciado por haber perpetrado el delito en mención. Por ello, el artículo 70 del Código Penal para esta ciudad, determina que el juzgador para imponer las sanciones, deberá considerar lo que establece el numeral 72 del código punitivo para el Distrito Federal, en los siguientes términos. -Por las razones ya expuestas deberá confirmarse el punto resolutivo primero de la sentencia que se revisa. 1. Como ya quedó analizado con antelación la naturaleza de la (sic) ********** alias **********, fue dolosa puesto que el enjuiciado, conociendo los elementos del tipo penal que perpetró (con independencia de que conociera su inclusión en la ley), quiso la realización de un hecho constitutivo del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA CALIFICADO, pues exteriorizó todos los actos que privarían de la vida a ********** (pues lo lesionó con arma de fuego), pero por causas ajenas a su voluntad no lo logró, por lo que únicamente puso en peligro el bien jurídico tutelado. 2. La magnitud del daño causado al bien jurídico, fue medio y no grave como lo señaló la Juez a quo, pues el enjuiciado sólo puso en peligro el bien jurídico tutelado, que en la especie lo es la vida del ofendido. 3. Las circunstancias de tiempo, lugar modo y ocasión del hecho realizado, han quedado acreditados al analizar la conducta y el juicio de tipicidad, que para evitar repeticiones innecesarias se tienen como asentados a la letra. 4. Así, el enjuiciado ********** alias **********, actuando conjuntamente en términos de la fracción II del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, perpetró el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA CALIFICADO. 5. ********** alias **********, que dijo ser de ********** de edad, estado **********, instrucción escolar **********, que no sabe leer y escribir (sic), ********** que percibe la cantidad de $ ********** a $ ********** semanalmente, que dependen de él cuatro personas, nacionalidad **********, **********, sí fuma cigarro comercial, sí ingiere bebidas **********, no padece enfermedad **********, ********** o **********, no es adicto a droga alguna, que su diversión es estar con su familia, que es hijo de ********** y **********. 6. Las condiciones fisiológicas psíquicas específicas en que se encontraba el enjuiciado en el momento de la comisión del delito, era que tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta y de conducirse de acuerdo con esa comprensión. 7. Durante la comisión del delito el ofendido y el enjuiciado se encontraban en la vía pública, se ignora en qué lugar se encontraba este último antes de la comisión del suceso, en tanto que el agraviado estaba hablando por teléfono en el mismo lugar que fue lesionado por disparos de arma de fuego. 8. Que se trata de un delito calificado como grave, pues el término medio aritmético de la pena de prisión que tiene señalada dicho ilícito excede de cinco años de prisión, en términos del artículo 268 del Código de Procedimientos Penales, que el motivo que impulsó a ********** alias **********, a delinquir fue afectar la vida del sujeto pasivo, lo que no logró por causas ajenas a su voluntad. En tales condiciones, y atendiendo al principio de proporcionalidad de las penas que rigen a la potestad punitiva del Estado, consistente en ponderar la gravedad de la conducta, se considera que el grado de culpabilidad que corresponde a ********** alias ********** es INTERMEDIA ENTRE LA MÍNIMA Y LA EQUIDISTANTE ENTRE EL MÍNIMO Y EL MEDIO que en proporción corresponde a una OCTAVA PARTE DEL RANGO MÍNIMO Y MÁXIMO, menor al que asignó la Juez a quo, toda vez que señaló que el comportamiento posterior del sentenciado después del suceso fue ‘... fue actuar de manera pasiva frente al daño causado al ofendido, pues no hizo nada por reparar el daño causado o aminorar el desgaste económico que engendro el evento delictivo ...’, empero el comportamiento posterior del acusado en relación al delito cometido, debe entenderse la conducta que asumió el propio sentenciado en sentido positivo después de la perpetración del delito, como por ejemplo, si trató o no de reparar el daño, si auxilió a la víctima después de la comisión del delito, o si trató o no de disminuir la lesión al bien jurídico tutelado por la norma, tal y como lo establece el siguiente criterio: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, COMPORTAMIENTO POSTERIOR DEL ACUSADO, NO LO CONSTITUYE EL SENTIDO EN QUE HAYA VERTIDO SUS DECLARACIONES’ (se transcribe). Por lo que, al haber considerado la Juez de la causa circunstancias que no debió tomar en cuenta para asignar el grado de culpabilidad, es que se disminuyó éste, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Nación, de la Séptima Época, del Apéndice de 1995 mil novecientos noventa y cinco, Tomo II, tesis 240, página: 136, del rubro: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, EN SEGUIDA INSTANCIA, AL ELIMINARSE UNA MODALIDAD O UN DELITO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.’, por lo que al eliminar esta mayoría un aspecto que la Juez consideró para individualizar la pena correlativamente, debe disminuirse el grado de culpabilidad, para no violar las garantías del sentenciado. Por lo anterior, resultan inoperantes los agravios de la Ministerio Público, al haber solicitado se incremente el grado de culpabilidad al sentenciado, toda vez que el mismo se tuvo que reducir por los motivos expuestos."

85. En ese orden de ideas, es claro que, en la especie, no existió aplicación del dictamen pericial de personalidad del sujeto activo para graduar su culpabilidad en el ilícito del cual se le imputó, por lo que no es dable concluir que se haya violentado en su perjuicio el paradigma del derecho penal del acto, protegido por nuestra Constitución Federal, según el cual, queda prohibido tomar en cuenta los factores relacionados con la personalidad del transgresor de la norma penal para efectos de individualizar su sanción, en términos de lo sustentado en las tesis aisladas 1a. CCXXXVII/2011 (9a.) y 1a. CCXXIV/2011 (9a.), de esta Primera Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización, respectivamente, son los siguientes:

86. "DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS. De la interpretación sistemática de los artículos 1, 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como ‘derecho penal del acto’ y rechaza a su opuesto, el ‘derecho penal del autor’. Entender las implicaciones de ello, requiere identificar sus rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser llamado delincuente) puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo ‘peligroso’ o ‘patológico’, bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por ello, el quantum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el ‘delincuente’ y el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad ‘peligrosa’ o ‘conflictiva’ fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado -actuando a través de sus órganos- está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del Estado." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Libro II, noviembre de 2011, Tomo 1, tesis 1a. CCXXXVII/2011 (9a.), página 198, Núm. Registro IUS 160693)

"Amparo directo en revisión 1562/2011. 24 de agosto de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez."

87. "DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término ‘readaptación’ y su sustitución por el de ‘reinserción’, a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término ‘delincuente’ también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un ‘derecho penal de autor’, permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Libro II, noviembre de 2011, Tomo 1, tesis 1a. CCXXIV/2011 (9a.), página 197, Núm. Registro IUS 160694)

"Amparo directo en revisión 1562/2011. 24 de agosto de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez."

88. Consecuentemente, al no transgredirse los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y razonabilidad, previstos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, el diverso argumento del quejoso recurrente consistente en que no tuvo acceso a una impartición de justicia imparcial, en términos de lo señalado en el diverso numeral 17 de la Ley Suprema, también es infundado.

89. Lo anterior es así, en razón de que el quejoso recurrente construye su argumentación a partir de que los artículos 71 y 72 del Código Penal; y, 427 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal, son violatorios de los principios de legalidad y seguridad jurídica; sin embargo, como se analizó en párrafos anteriores, dichos numerales no implican que el juzgador imponga alguna pena por analogía o mayoría de razón, ni que se dicte una sentencia sin un debido fundamento legal; además de que, implican un marco normativo que regula el arbitrio judicial, lo que implica un límite a la actividad jurisdiccional en la labor de individualización de las penas; por lo que, en ese orden de ideas, el argumento en estudio resulta infundado, ya que el quejoso recurrente insiste en planteamientos que tienen sustento en premisas previamente desestimadas -que no tuvo acceso a una impartición de justicia imparcial en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque los preceptos de la graduación de la culpabilidad son inconstitucionales-, ya que de ninguna manera resultará cierto lo que en dicho motivo se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos, pues es evidente que no existe la violación constitucional aludida -al haberse determinado la constitucionalidad de los preceptos punitivos y procesal, relativos a la graduación de la culpabilidad, salvo lo relativo a los dictámenes de personalidad del sujeto activo, que no tuvo aplicación en la especie-, y que el impetrante del amparo sí tuvo acceso a una impartición de justicia imparcial en esos términos.

90. Por otra parte, el diverso agravio del quejoso recurrente, en el que medularmente sostiene que la graduación de la culpabilidad realizada por la autoridad responsable en su contra fue ilegal, pues en todo caso debió imponérsele una pena de prisión equivalente a la mínima y no la que se le impuso, por lo que tal proceder es violatorio del diverso principio de exacta aplicación de la ley, es inoperante.

91. Se afirma la inoperancia anterior, ya que dicho argumento se construye a partir de un aspecto de graduación de la pena, lo que resulta ajeno a la litis de la revisión en amparo directo, ya que se trata de un tema de mera legalidad que no es propio de la competencia de este Alto Tribunal; siendo además, que de ello ya se ocupó el Tribunal Colegiado a quo.

92. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 56/2007, sustentada por esta Primera Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

93. "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, relativos al recurso de revisión en amparo directo, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. Por tanto, si se plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes." (Novena Época, Núm. Registro IUS: 172328, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, materia común, tesis 1a./J. 56/2007, página 730)

94. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Primera Sala que en la demanda de amparo -concretamente en el tercer concepto de violación-, el quejoso señaló que la agravante de "ventaja" del delito de homicidio calificado en grado de tentativa aducido en su contra, se traduce en una doble condena por una sola conducta, lo que es violatorio del principio de non bis in idem, argumento que el tribunal a quo calificó de infundado, porque en la ejecución de los hechos se acreditó la agravante aludida en los términos probados, sin que ello significara que se sancionara dos veces por la misma conducta al infractor.

95. Empero lo anterior, dicho cuestionamiento no fue hecho valer por el recurrente en su escrito de agravios; sin embargo, tal planteamiento, aun suplido en la deficiencia de su queja -de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo-, resulta infundado.

96. Lo anterior es así, en razón de que la violación al principio de non bis in idem o de prohibición de doble punición, se actualiza únicamente cuando se juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos; sin embargo, los casos en que el legislador establece una penalidad agravada diversa a la del tipo básico, no significa que se esté conculcando tal principio, ello de conformidad con lo sustentado en las tesis aisladas 1a. CI/2011 y 1a. LXXXIV/2011, sustentadas por esta Primera Sala, cuyos rubros, textos y datos de localización, respectivamente, son los siguientes:

97. "AGRAVANTES. NO SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.-El principio de non bis in idem o de prohibición de doble punición se actualiza únicamente cuando el Estado juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos, pero no en aquellos casos en que el legislador establece una penalidad agravada diversa a la del tipo básico. El hecho de ser juzgado por un delito y además que se le aplique una agravante no actualiza el supuesto del principio non bis in idem." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 161924. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, materia constitucional, tesis 1a. CI/2011, página 169)

"Amparo directo en revisión 921/2010-29 de septiembre de 2010. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta."

98. "AGRAVANTES DEL DELITO. SU APLICACIÓN NO ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN CONTEMPLADA EN EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.-Este Alto Tribunal ha establecido que la garantía contemplada en el artículo 23 constitucional consiste en que una vez que se ha dictado sentencia ejecutoria en un caso penal, no se puede sujetar a proceso a la misma persona por los mismos hechos sobre los cuales ya fue sentenciado. En este sentido, el principio de non bis in idem o de prohibición de doble punición, se actualiza únicamente cuando el Estado juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos, pero no en aquellos casos en que el legislador establece una penalidad agravada diversa a la del tipo básico. Por lo tanto, si el quejoso está siendo juzgado por un delito básico y además se le aplica una agravante, resulta evidente que no está siendo juzgado dos veces por el mismo delito. (Novena Época. Núm. Registro IUS: 162235. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, materia constitucional, tesis 1a. LXXXIV/2011, página 229)

"Amparo directo en revisión 548/2010. 29 de septiembre de 2010. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta."

99. Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada 1a. CCXXXVIII/2012 (10a.), sustentada también por esta Primera Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

100. "HOMICIDIO CALIFICADO. LOS ARTÍCULOS 128 Y 138 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL PREVER UNA SANCIÓN MÁS SEVERA QUE LA DEL TIPO BÁSICO, CUANDO SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS O CIRCUNSTANCIAS QUE EL SEGUNDO DE LOS NUMERALES SEÑALA, NO VIOLAN EL DERECHO FUNDAMENTAL NON BIS IN IDEM CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-La aplicación de los citados numerales para sancionar con una penalidad más severa el delito de homicidio calificado, que la correspondiente por la comisión simple de la conducta ilícita, no violan el derecho fundamental non bis in idem, tutelado por el artículo 23 de la Constitución Federal, porque no conlleva la imposición de una penalidad doble o una recalificación sobre un mismo hecho. Lo anterior implica que el incremento del reproche jurídico penal obedece a la actualización de determinadas circunstancias que concurren en la comisión del delito (ventaja, traición, alevosía, motivación por retribución, entre otras), que determinan la agravación de la conducta y la sanción. Además, porque de actualizarse alguna calificativa, la sanción aplicable será la prevista en el artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal, que sanciona el delito calificado, porque tal supuesto excluye la aplicación de la punibilidad señalada para el homicidio simple en el artículo 123 del citado ordenamiento legal." (Décima Época. Núm. Registro IUS: 2001923. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, materia constitucional, tesis 1a. CCXXXVIII/2012 (10a.), página 1203)

"Amparo directo en revisión 1453/2012. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez."

101. En esa tesitura, la agravante de ventaja alegada por el quejoso en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa aducido en su contra, no conculca el principio de non bis in idem, ya que no conlleva la imposición de una penalidad doble o una recalificación sobre un mismo hecho; de ahí que resulte infundado el planteamiento en estudio.

102. En las relatadas condiciones y, ante lo infundado e inoperante de los agravios hechos valer por el quejoso recurrente, respectivamente, lo que procede en la especie es confirmar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional solicitada.