AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 424/2023

Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la "responsabilidad directa" significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor; mientras que la "responsabilidad objetiva" es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.

El concepto de actividad administrativa irregular debe entenderse como la actuación estatal desplegada sin satisfacer la normatividad aplicable , condición con la que se abandonó la intención de contemplar los daños causados por la actividad regular del Estado y cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal.

Al resolver la contradicción de tesis 210/2012, la Primera Sala del alto tribunal estableció que en el supuesto de que la prestación de un servicio público ocasione daños a los bienes o derechos de los particulares por haberse actuado irregularmente, ocasiona la responsabilidad del Estado de resarcir ese daño, aspecto que también contempla la negligencia en que incurre el personal médico que desempeña sus funciones en las instituciones de salud públicas.

Son aplicables las jurisprudencias 1a./J. 129/2012 (10a.) y 2a./J. 82/2015 (10a.), localizables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, página 899 y Libro 20, julio de 2015, Tomo I, página 781, respectivamente, que establecen: