SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0682/2022-S3

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 12 y 18 de agosto de 2021, cursantes de fs. 8 a 10; y, 24 a 28 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de profesional abogado y persona con discapacidad, presentó al Rector ahora accionado, solicitud de trabajo y que le informe cuántas personas con discapacidad trabajan con ítem en la UAJMS, y cuál es el grado de discapacidad que tienen; empero, la citada autoridad universitaria no atendió las peticiones de ninguno de los memoriales de 28 de mayo de 2021 -recepcionado el 8 de junio de igual año-, 9 de junio -presentado el 29 del mismo mes y año-, 6 de julio -recibido el 9 de ese mes y año-; y, 29 del señalado mes y año; a pesar de que las mismas fueron fundamentadas de acuerdo a la normativa vigente; aclarando que los primeros dos memoriales fueron respondidos por Recursos Humanos (RR.HH.) de la referida Universidad, refiriendo que por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) no se estaba contratando personal; sin embargo, de ninguna manera en esas dos oportunidades se informó sobre cuántas personas con discapacidad trabajan en esa entidad.

De esa manera, el Rector hoy accionado, no consideró los arts. 1 y 2.I de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- que señalan la obligación de establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privados de personas con discapacidad, así como el padre o madre que se encuentren a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años de edad o con discapacidad grave o muy grave; asimismo, el art. 2.I del Decreto Supremo (DS) 3437 de 20 de diciembre de 2017, refiere que las instituciones del sector público comprendidas en el art. 2.I de la Ley 977, reportarán al Registro Obligatorio de Empleador (ROE) del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, la planilla del total de sus dependientes, incluyendo la información detallada de las personas con discapacidad, así como de la madre y padre, cónyuge, tutor o tutora que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años de edad o con discapacidad grave o muy grave, consolidando ese reporte de manera trimestral.

Asimismo, el Rector ahora accionado no demostró que la UAJMS cumple con el 4% del personal del sector de personas con discapacidad, y de esa manera, se vulneraron sus derechos al trabajo y de petición.

Finalmente, los hechos vulneratorios a sus derechos fueron que no se procedió a contratarlo a pesar de su solicitud justificada y tampoco se dio una respuesta fundamentada para negarle un espacio de trabajo que la ley ordena.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos “…como persona con discapacidad…” (sic), al trabajo y de petición; citando al efecto los arts. 24, 46, 70, 71 y 72 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se restablezcan sus derechos vulnerados, disponiendo la inmediata restitución de los mismos; b) Se ordene que se proceda a la contratación de su persona en la UAJMS; c) Se informe cuantas personas con discapacidad trabajan en esa Casa Superior de Estudios; y, d) Se fijen daños y perjuicios ocasionados de conformidad al art. 102.II de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Existió una contestación ambigua e incompleta a su petición que vulneró su derecho al trabajo; puesto toda institución pública o privada tiene la obligación de cumplir con el art. 2 de la Ley 977; y, 2) De manera reiterada en cuatro memoriales solicitó trabajo; empero, no obtuvo respuesta pronta y oportuna; ni de forma concreta; ya que no se precisó cuántos ítems existen y si se cumple con el porcentaje de 4% de trabajadores con discapacidad en la UAJMS.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez, Rector de la UAJMS, a través de su representante legal Milton Fabio Rodríguez Flores, mediante informe presentado el 20 de agosto de 2021, cursante de fs. 52 a 53 vta., adjuntó una serie de documentación, y en audiencia, sostuvo lo siguiente: i) En el presente caso, concurre el principio de subsidiariedad; puesto que el accionante presentó cuatro memoriales de solicitudes de trabajo; empero, dicha Universidad se ajusta a la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual prevé cómo se inicia el procedimiento; además, el “art. 64” de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) prevé el plazo, y de la revisión de los memoriales no se formuló recurso jerárquico de forma expresa ni tácita; ii) El accionante adjuntó una fotocopia simple de su carnet de discapacidad; sin embargo, para que un documento valga como prueba tiene que ser presentado en original, por lo que en ningún momento se probó la condición de persona con discapacidad del accionante; motivo por el cual tampoco se tiene como demostrada la vulneración de su derecho al trabajo por tener esa condición; iii) En cuanto al derecho de petición, el accionante sostuvo a “fs. 25” que se le respondió, y a “fs. 24” hizo mención a dos contestaciones, por lo que al mismo tiempo alega su derecho de petición, y a la vez, indicó que si obtuvo respuestas, por cuanto si esas respuestas no fueron de su agrado, tenía los mecanismos para hacer valer sus derechos y así agotar el principio de subsidiariedad, como ser los recursos revocatorio y jerárquico; iv) Existe una certificación emitida por la Secretaría de Rectorado de la UAJMS que se encuentra junto al memorial de “19 de agosto de 2021”, que hace referencia al memorial 29 de julio de ese año, en el que se respondió a los cuatro memoriales a través del oficio “974/2021” firmado el 5 de agosto del indicado año; v) En su “memorial”, el accionante fijó como domicilio Secretaría de despacho; motivo por el cual el nombrado tenía que apersonarse a Secretaría de Rectorado de la citada Universidad; además, se le llamó a su teléfono celular para que vaya a notificarse; empero, su inasistencia no es atribuible a esa Universidad; y, vi) Por lo mencionado, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público en audiencia, señaló que de los argumentos expuestos en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional y en virtud a que ya se otorgó respuesta a las peticiones del accionante, solicita se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 59/2021 de 20 de agosto, cursante de fs. 57 a 64 vta., concedió la tutela respecto al derecho de petición, disponiendo que el Rector hoy accionado, en el plazo de dos días, responda a la pretensión del accionante, conforme a los fundamentos expuestos en ese fallo; y, denegó la tutela solicitada en cuanto a la vulneración del derecho al trabajo; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso, de la revisión de los “oficios” de 28 de mayo de 2021 -recepcionado el 8 de junio de igual año-, 9 de igual mes y año -presentado el 29 del mismo mes y año-, 6 de julio -recibido el 9 de ese mes y año-; y, 29 del señalado mes y año, se tiene que el accionante formuló, sobre todo en las tres primeras, dos peticiones concretas, primero, que se le otorgue una fuente laboral en la UAJMS, y segundo, que se le informe cuántas personas con discapacidad trabajan con ítem en esa Universidad, y de la revisión de antecedentes remitidos por dicha Casa Superior de Estudios, a través de los Oficios UAJMS RRHH 501/2021 de 24 de junio, UAJMS RRHH 553 de 12 de julio de 2021 y UAJMS RRHH “591/2021” se verificó que se dio respuesta al accionante; empero, solo respectó a una de las peticiones que efectuó, con relación a su solicitud de trabajo, explicándole la razón por la cual no se lo contrataría, exponiendo un razonamiento que era coherente; sin embargo, en cuanto a la segunda petición, no se le informó cuántas personas con discapacidad trabajan con ítem en la referida Universidad; b) En ese entendido, considerando la jurisprudencia constitucional, los parámetros que se exigen para que se otorgue una contestación en el marco de protección del derecho de petición, son: 1) La exigencia de la respuesta pronta y oportuna; es decir, dentro de los términos señalados por ley, cuando exista norma que establezca un término, o en su caso, un plazo razonable y breve; y, 2) Que es la respuesta formal, la cual se materializa en el derecho a obtener una contestación favorable o desfavorable, que resuelva el fondo de la pretensión y la obtención de la respuesta material; es decir, el derecho de petición será vulnerado no solo si se omite una respuesta a la solicitud o la misma se realice de forma tardía, sino también si se otorgan respuestas ajenas o inexactas a lo peticionado; por lo que las respuestas favorables o desfavorables deben ser coherentes con lo peticionado; o sea, de manera fundamentada, razón por la cual no satisface dicho derecho con contestaciones ambiguas, genéricas o evasivas; c) Debe tomarse en cuenta además que la UAJMS constituye una entidad del sector público y como tal se rige por las normas de derecho administrativo que regulan a las entidades del sector público, entre ellas, el Código de Procedimiento Administrativo, y en ese sentido se tiene la obligación de brindar información confiable, verificable, accesible y que además tenga la calidad de información pública; puesto que toda la información referida a ese tipo de entidad debe ser de acceso a todas las personas que tengan interés legítimo en conocerlas; d) En ese marco, la contestación que se le otorgó al accionante debió ser de manera completa, informándole cuántas personas con discapacidad trabajan con ítem en la citada Universidad, sin necesidad de dar nombres y direcciones de las personas que trabajan, porque se podrían vulnerar derechos de otras personas; y, e) Con relación a que sí se obtuvo una respuesta y fue el accionante quien no se apersonó a la mencionada Universidad y que se fijó domicilio procesal en Secretaría de Rectorado de la UAJMS, dejando constancia que en todos los oficios presentados por el accionante se consignó como medio alternativo WhatsApp, se debe considerar que para que una contestación sea efectiva debe asegurarse que la misma llegue a conocimiento del nombrado; y, la autoridad ahora accionada no acreditó de manera fehaciente que la contestación fue comunicada de manera oportuna a pesar de tener un medio de comunicación alternativo para notificarlo, por consiguiente, tampoco es evidente lo manifestado por la mencionada autoridad.

En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional, que se le informe cuántas personas con discapacidad trabajan con ítem en la UAJMS; y cuál es el grado de discapacidad que tienen, porque existen personas que cuentan con carnet de discapacidad que no cumplen con el grado necesario.

En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional señaló que efectivamente se le debe informar al accionante respecto a la cantidad de personas con discapacidad que trabajan en la UAJMS, sin especificar nombres, lugares.

Asimismo, en vía de complementación y enmienda, el Rector ahora accionado a través de su representante legal solicitó a la Sala Constitucional se pronuncie, aclare o complemente respecto a que ya se presentó la lista de personas con discapacidad que trabajan con ítem en la UAJMS en la gestión 2021.

En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional indicó que evidentemente en audiencia de consideración de esta acción de defensa se presentó prueba con relación a cuántas personas con discapacidad trabajan en la Universidad; empero, no se acreditó que esa documentación se puso a conocimiento del accionante mediante una respuesta formal, por lo que no corresponde aclaración, enmienda o complementación al respecto.