SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 907/01-R

1.   En su demanda de 9 de julio de 2001 (fs. 11 a 13), el recurrente afirma que  en 11 de junio de este año, sobre la base del mandamiento de Secuestro y Allanamiento librado por  el Juez Cautelar Octavo a favor del Fiscal Adscrito a DIPROVE contra Arturo Castro Pinto, secuestraron el vehículo de su propiedad marca Suzuki,  que adquirió del mencionado el 1 de marzo de 2000.

      Estima que los recurridos actuaron ilegalmente, sin haber constatado la propiedad del motorizado, conculcando de esa manera sus derechos al “debido proceso, a la igualdad procesal, a la propiedad y a la defensa en juicio”, en virtud de lo cual interpone Recurso de Amparo Constitucional, solicitando sea declarado procedente  y se ordene la nulidad de “toda la presente actuación ilegal”(sic),  la devolución del vehículo “hasta que se dilucide en la vía correspondiente la propiedad del mismo”, y la calificación de daños y perjuicios.

1)  Mediante documento privado reconocido de 16 de octubre de 1999 (fs. 4 a 6),  Teresa Miguelina Callaú de Gutiérrez transfirió a favor de Arturo Castro Pinto, la vagoneta marca Suzuki, con placa de circulación Nº SVG-972, por la suma de $US.  26.472.-,  de los cuales la vendedora  declaró que $Us. 9.000  recibía al suscribir el contrato y el saldo restante debía ser pagado directamente a la Corporación de Inversiones Corp. S.A.