SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1385/2002-R

III.4           Por lo anotado precedentemente, el caso no se encuentra dentro de las previsiones del art. 19 CPE, que ha instituido el amparo constitucional para precautelar en forma inmediata los derechos y garantías constitucionales de la persona  ante actos ilegales y omisiones indebidas de funcionarios o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimirlos en su ejercicio, lo que no ha ocurrido en el caso presente. Este criterio está sustentado en la jurisprudencia constitucional, al haber sido establecido de manera uniforme; así la SC. 4082002-R: “Que en consecuencia, al no ser evidentes los fundamentos del Recurso ya que los recurridos no han afectado los derechos del representado del recurrente, es inviable el Amparo interpuesto”.