SENTENTENCIA CONSTITUCIONAL 1465/2002-R

El recurrente afirma que la autoridad demandada vulneró sus derechos a la libertad y a la locomoción, a la seguridad jurídica, a la defensa, a la propiedad y a la presunción de inocencia: a) al haber librado un mandamiento de apremio en su contra sin conocer cuál de las liquidaciones es la correcta y cuando ya se había operado la perención de instancia en el proceso; b) al notificar con la orden de apremio a otra persona; c) al allanar ilegalmente la propiedad de terceros en el momento de la ejecución del mandamiento. Por consiguiente corresponde determinar si los hechos demandados se encuentran dentro del ámbito de protección del  art. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE).