SENTENCIA CONSTITUCIONAL 540/2002-R

Por su parte los vocales recurridos se remitieron a su informe por escrito (fs. 367), en el cual argumentan: 1) que han dado estricto cumplimiento a la Sentencia Constitucional Nº 1098/01-R, pues en ésta no se determina qué tipo de medidas cautelares deberían adoptar las autoridades demandadas; 2) que la demora en resolver la cesación, se debió a que el co-demandado Juez Primero de Partido de Sustancias Controladas retuvo el expediente en su despacho, además que la recurrente como abogada fue negligente pues no reclamó ni presentó ningún recurso para modificar las medidas y 3) que se consideró la situación económica del representado, pues la documentación referida a certificados de COMTECO, Derechos Reales y otras entidades, más fotografías no constituyen suficiente prueba de su estado de pobreza, razonamiento que es conforme con lo establecido en la Sentencia Constitucional Nº 162/2002 de 27 de febrero de 2002.