SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 582/2002-R

1.   En la demanda presentada el 13 de marzo  de 2002 (fs.100 a 102),  el recurrente   afirma que  el 5 de febrero de 1999 su mandante otorgó un Poder amplio, cuyo testimonio lleva el número  84/99 de la Notaría de Dalencio Caballero Solíz, a favor de Justo Ledezma con el fin de que éste recupere el terreno denominado “La Pachanga”,  “de manos de Mario Horacio Gil Sosa”,  comprometiéndose el apoderado a erogar todos los gastos que demande el proceso a iniciarse, para lo que  solicitó a Erland Oscar Tornee Aranda extienda a su favor una minuta de transferencia del lote a recuperar, extremo  que fue aceptado sin efectuar reconocimiento de firmas, solamente para que, recuperado el terreno se le entregue el 40% del mismo al apoderado referido.

Relata que el 22 de febrero de 1999 se suscribió el mencionado documento y el 17 de marzo de 1999 Justo Ledezma presentó la querella contra Mario Horacio Gil Sosa y René Arias, quien poseía el bien, por los delitos de despojo,  falsedad material e ideológica, abuso de confianza, apropiación indebida y estelionato. Sin embargo, posteriormente, el apoderado Justo Ledezma instauró un proceso penal contra  Erland Oscar Tornee Aranda por el supuesto delito de estelionato y estafa, e indicando no conocer su domicilio logró se dicte sentencia condenándolo a una pena privativa de libertad de  cinco años, fallo que se encuentra plenamente ejecutoriado, habiéndose enterado de la existencia de ese juicio por información proporcionada por “un amigo que vio el expediente casualmente”.