SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 831/2002-R

1.   En la demanda presentada el 10 de mayo de 2002 (fs. 9 y 10), el recurrente expresa que el 15 de junio de 2001, su mandante compró para sus hijos menores Sofía y Santiago Iriarte Aguirre, un fundo rústico denominado “La Selva”, ubicado en el cantón San Lorenzo, provincia Moxos del departamento del Beni, y ejercieron desde entonces una quieta y pacífica posesión hasta el 30 de abril pasado, en que, por orden de la autoridad demandada que supuestamente actuó a pedido de Mirtha Sattori Vda. de Suárez, una comisión policial compuesta por diez efectivos del Comando Departamental de la Policía, allanaron y se posesionaron del inmueble con fuerza y violencia, rompiendo puertas y ventanas de la casa y amedrentando al personal de la hacienda.

      Estima que la actuación del recurrido es ilegal, pues no contó con mandamiento de autoridad competente para el allanamiento y tampoco se ha cometido delito alguno  que justifique ese atropello, por lo que interpone Recurso de Amparo Constitucional, al haberse conculcado los arts. 21 y 22 de la Constitución, solicitando sea declarado procedente, se ordene el desalojo de los policías, se otorguen las garantías necesarias, se disponga el procesamiento penal del recurrido, y se califiquen costas, daños y perjuicios.