SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1005/2002-R

La empresa VICAR S.R.L., sigue acción penal contra Jorge Salazar Chávez por los delitos de apropiación indebida  y abuso de confianza en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal y que ahora se encuentra en grado de apelación. Durante la sustanciación del sumario, se ha podido determinar que no sólo ha cometido los delitos mencionados sino también el de estafa pues según  el certificado del Banco de la Unión, el procesado Salazar mediante engaños y argucias retiró sumas de dinero de la cuenta de VICAR S.R.L., cuando ya estaba retirado de la empresa, razón por la que solicitaron al Juez de la causa la ampliación del Auto de admisión de demanda que fue rechazada  el 14 de marzo de 2001, instruyendo que se inicie una nueva denuncia por cuerda separada.

Refieren que en efecto, interpusieron nueva denuncia ante la Policía Técnica Judicial caso que fue asignado a la Fiscal de Materia, quien sin valorar  los antecedentes procesales  rechazó la denuncia con el argumento de que existe un proceso penal en trámite en el que se juzgan los hechos, resolución contra la que  interpusieron objeción ante la Fiscal de Distrito que en revisión ratificó el rechazo de denuncia vulnerando de esta manera el art. 7-h) CPE  pues se ha suprimido el derecho a la petición individual además del art. 7-i) de la misma Ley Fundamental, porque el delito de estafa denunciado atenta contra el derecho a la propiedad.