SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0091/2003-R

III.1    En el caso que se examina,  si bien es cierto que el art. 224 CPP faculta al Fiscal para librar mandamiento de aprehensión cuando el imputado citado no se presentara en el término que se le fije ni justificara un impedimento legítimo, también es cierto que esta atribución se refiere únicamente a los imputados, de manera que, constando que contra la recurrente no se presentó ningún tipo de denuncia y  menos informe de inicio de investigación por parte del Ministerio Público, la autoridad recurrida no estaba facultada a librar mandamiento de aprehensión en contra suya con el argumento de que aquélla no asistió  a prestar su declaración estando debidamente citada ni hubiera justificado su inasistencia. 

            En consecuencia, la actuación del Fiscal  recurrido no se adecua a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico de la materia, dado que el mandamiento de aprehensión que pueda emitir sólo podrá hacerlo contra el imputado, -calidad que no ostenta la recurrente-, conforme determina el citado art. 224 CPP, pues en el expediente no consta que se hubiera ampliado la denuncia o querella en su contra; y al no haber procedido de esa forma el fiscal, ha incurrido en  persecución indebida, la que está definida por la jurisprudencia constitucional como la acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura dispuesta por autoridad competente en los casos establecidos por Ley, o cuando se emita una orden de detención captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos de Ley (SSCC 266/2001-R, 379/2001-R, 1055/2001-R y otras), lo que ciertamente determina la procedencia de este recurso extraordinario.