SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1446/2003-R

Dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Unión SA contra el “Gran Hotel Santa Cruz SRL”, representado por Lorgio Renato Leigue Rivera, Rosa Inés Rivera de Snow y su persona, persiguiendo la ejecución de la Escritura Pública 4134/96 de 2 de agosto, por la suma de $US1.503.000.- en el Otrosí 4 de la demanda de 25 de junio de 2001, se señaló como su domicilio la calle Pari 59, conociendo que el inmueble ubicado en dicha dirección, ya no pertenecía a la empresa demandada, toda vez que el 23 de agosto de 2000, a instancia del propio Banco, fue transferido a Sandra Margoth Vaca Elaghe Vda. de Rivera.

Indica que en los formularios de declaración patrimonial llenados, firmados y exigidos para un crédito por el referido Banco en 1996 y 1999, señaló que su domicilio real es en calle Diego de Mendoza 247, el que fue confirmado por el Banco ejecutante en un juicio coactivo que se sustancia en otro Juzgado; además que la referida compradora, en la cláusula sexta del documento de 23 de agosto de 2000, dejó claramente establecido que a momento de la transferencia se encontraba en quieta y pacifica posesión del inmueble, de lo que se infiere que la citación efectuada con la demanda ejecutiva en un domicilio fraudulento y falso que no le pertenece, ha sido practicada en forma maliciosa vulnerando los arts. 120, 121 y 128 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y art. 29 del Código Civil (CC).

Afirma que todas las actuaciones posteriores están viciadas de nulidad, al haberse reincidido en las diligencias de notificación, pues las normas procesales son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme a los arts. 3.1), 90 y 252 CPC, y  247 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), sin embargo el Juez recurrido en total inobservancia de la ley, dictó Sentencia declarando probada la demanda e improbadas las excepciones interpuestas, la que fue confirmada en apelación por la Sala Civil Primera, consolidando así los actos ilegales.