SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1600/2003-R

Refiere que la Aduana ha actuado de manera arbitraria, toda vez que la movilidad se encontraba circulando con sus respectivas placas y portando el Carnet de propiedad lo cual acredita la legalidad  del mismo, por lo que no cabía  la requisa del vehículo efectuada el 14 de junio de 2003 sin orden del Fiscal,  cuando con tales datos podía  acceder a información en sus archivos, o en el Registro Único  Automotor, de esa manera  se  vulneró  el art. 176 del Código de procedimiento penal (CPP).