SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1719/2003-R

En la demanda presentada el  9 de septiembre  de 2003 (fs. 28 a 30), los recurrentes manifiestan que, preocupados por la constante sequía que se soporta en el Valle Alto,  se conformó  la Asociación de Riego “Quinto Lote Galindo” con el fin de conformar una institución capaz de lograr un sistema de riego con recursos propios, la misma que cuenta con personalidad jurídica reconocida por Resolución Administrativa 284/97 de 13 de octubre.

Indican que con la cooperación técnica y económica del Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR), perforaron un pozo de 123,7 metros de profundidad en los terrenos de propiedad de esa Asociación, prestando servicio de riesgo a todos sus asociados  pese a algunos problemas en el normal bombeo y abastecimiento de agua, pero especialmente por el grado de salinidad del agua que podía malograr los terrenos agrícolas, por lo que la Asociación determinó el cierre temporal del pozo mientras se realice un estudio y tratamiento especializado. 

Señalan que posteriormente se vieron sorprendidos con la Resolución Municipal 59/2003 de 30 de julio por la cual el Concejo Municipal de Cliza, en forma arbitraria, instruyó al Alcalde la reapertura y rehabilitación del pozo de referencia en consideración a existir fondos comunitarios para la compra de la bomba y la dotación efectiva de agua, pero además  se ordena iniciar acciones judiciales contra los hoy recurrentes y contra otro dirigente de la Asociación.

Agregan que el 15 de agosto de 2003 presentaron un memorial ante el Concejo Municipal solicitando la inmediata revocatoria de dicha Resolución, pero su solicitud no fue atendida, y al contrario, en forma verbal y burlona el Presidente del Concejo Municipal les manifestó que presenten un recurso de amparo constitucional; que, a su vez, el 25 de ese mes el Alcalde se presentó con varias personas en el terreno donde se encuentra el pozo de propiedad de la Asociación “Quinto Lote Galindo”, ordenando  arbitrariamente a un cerrajero que violente  tanto el candado de la puerta de la caseta donde se encuentra el pozo como el sellado de éste,  levantando luego un inventario de bienes con la intervención de un Notario de Fe Pública y entregando finalmente ese pozo a un grupo de personas de la zona, quienes actualmente están realizando el bombeo de agua en forma descontrolada