SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1832/2003-R

La Sentencia  cursante a fs. 94 y 95, pronunciada el 24 de septiembre de 2003 por el Juez Segundo de Partido y Sentencia de Montero, Distrito Judicial de Santa Cruz, declara procedente el recurso, dejando sin efecto el decreto de 17 de junio de 2003 y la orden dirigida a la Policía Nacional  por Oficio 26/03 de 2 de mayo,  bajo estos fundamentos. 1) la orden dada por decreto de 17 de junio “viene a constituirse en una modificación a la sentencia de retener la posesión, tomando en cuenta que la sentencia en este procedimiento, sólo consiste en amparar al demandante en la posesión que tiene y que no ha perdido, y de ninguna manera en modificar o ampliar la misma, máxime si se tiene en cuenta que existe una orden de inmovilización del INRA” dentro del saneamiento; 2) el amparo constitucional se ha establecido para la protección inmediata de los derechos, “cosa que ocurre en el caso de autos, ya que con la acción de amojonamiento y orden de prestación de garantía dirigida a la Policía, se estaría violando el derecho de propiedad de los recurrentes, derecho propietario que si bien está pendiente de una resolución definitiva del INRA, en cuanto a superficie, vulnera la misma y sobre todo la paz social que debe imperar”.