SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0267/2003-R

Que, Néstor Zacarías Tórrez Tórrez (recurrente), benemérito de la patria, cuando tenía más de 90 años de edad se rodeó de personas inescrupulosas, que conocían que disponía de recursos económicos y fue inducido a contraer nupcias con Carmen Urquiza Espejo (recurrida) el 19 de abril de 1999, la que juntamente con Ignacio Alurralde Juárez (recurrido) lo presionaron para que venda su inmueble sito en Calle Estados Unidos 724, en $us70.000.- aproximadamente, bien que lo adquirió con su finada esposa.

Que, dichos recurridos incitaron al recurrente a que con esos dineros propios compre un departamento, en el Bloque “A” del 5º piso del Edificio Torre de las Américas por un precio de $us63.000.- e hicieron insertar una cláusula en sentido de que dicho inmueble también lo adquirió Carmen Urquiza, forzando una comunidad de gananciales ficticia.

Que, como consecuencia de golpes en la cabeza que realizó la recurrida al recurrente, el mismo fue internado en un Hospital, oportunidad en la que el recurrido Ignacio Alurralde le convenció para que le diera un poder, y aprovechando esa situación habría pagado dos veces la suma $us14.000.-, supuestamente por la internación.

Que, contrató los servicios como abogado de Ignacio Alurralde Juárez (recurrido), quien lejos de iniciar un proceso de rendición de cuentas contra Humberto Chavarría le inició un juicio penal por apropiación indebida que lo hizo rechazar; asimismo inició en contra de Carmen Urquiza un juicio de divorcio, en el que más que patrocinante del recurrente pareció aliado de la demandada y lo que es peor, hace aparecer un documento en el que de manera falsa se hace propietario del 50% de su Departamento, por supuestos honorarios, posteriormente adquiere el otro 50% de Carmen Urquiza. Estos actos ilegales los denunció al Colegio de Abogados de La Paz, pero hasta ahora no tiene respuesta.

Que, en ejecución de la Sentencia de divorcio, el recurrente pidió a Javier Barriga Barrios, Juez Sexto de Partido de Familia (recurrido), abra un incidente para determinar el origen de su departamento, pero dicha autoridad no da curso a su pedido y lo que quiere es tramitar la división y partición, es decir sin haberse resuelto la calidad de ganacialidad o no del departamento.