SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0367/2003-R

En la demanda presentada el 13 de diciembre de 2002 (fs. 36-38), la recurrente refiere que con la finalidad de mantener a sus hijos y a su anciana madre no vidente, trabaja desde hace más de 17 años, y desde 1989 su puesto de venta de arroz  funciona en la Av. Litoral esquina Plazuela Villarroel, estando afiliada a la Asociación de Comerciantes de la Feria Popular, y cumpliendo sus obligaciones contractuales con el gobierno municipal. Sin embargo, los recurridos, agrupados en una seudo asociación de comerciantes sin personería jurídica, la despojaron de su puesto de venta con el argumento de que es rotativo, con la intención de transferirlo y obtener ventajas ilícitas.

Frente a ello, recurrió a la Federación de la Feria Popular Ramas Afines, y al no obtener respuesta, acudió a Derechos Humanos, al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo, presentando finalmente denuncia ante el Concejo Municipal de Potosí, donde la Comisión de Género de ese ente, elaboró un informe en el que estableció que goza de todos los derechos para proseguir en su puesto de venta y que los dirigentes no son propietarios de las calles ni arterias, por lo que no tienen ninguna facultad para ordenar el desalojo de ningún puesto de venta.  Pese a ello, el 6 de diciembre, los recurridos sin ninguna competencia, y a través de actos ilegales que caen en la nulidad prevista en el art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE), le quitaron su puesto de venta que es la única fuente de trabajo que tiene, para destinarlo a terceros.