SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0413/2003-R

El recurrente ratificó íntegramente la demanda y la amplió indicando que sus mandantes  piden la nulidad del acto ilegal del Prefecto recurrido, consistente en el oficio de 12 de diciembre de 2002 por el cual instruyó la fuerza pública necesaria para desalojar, custodiar y proteger a IMCRUZ, cuando la sentencia no ordenó en ningún momento ese desalojo realizado en un día inhábil, por orden del recurrido quien se arrogó atribuciones que no tiene, cayendo sus actos en la nulidad prevista por el art. 31 CPE. Por consiguiente, pidió la procedencia del recurso y la nulidad del oficio ilegal, con responsabilidad civil y el resarcimiento de los daños ocasionados.