SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0413/2003-R

El recurrente afirma que la autoridad recurrida ha cometido actos ilegales al ordenar, a sola petición de IMCRUZ S.A., el desalojo, la custodia y protección por efectivos policiales del inmueble de propiedad de sus mandantes, en supuesto cumplimiento de una sentencia constitucional dictada por la Sala Penal Primera que no ordena tales medidas, violando con ello los derechos a la seguridad jurídica y a la propiedad privada. Corresponde establecer si los hechos demandados ameritan la protección que brinda el art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).