SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0413/2003-R

III.2.  Con esta actuación ilegal, la autoridad demandada desconoció la competencia del Tribunal de Amparo para hacer cumplir un fallo constitucional y se arrogó atribuciones que no le reconoce la ley al ordenar medidas de hecho para lograr ese cumplimiento, violando de esa manera el derecho de los mandantes del actor, a la seguridad jurídica, el cual está consagrado en el art. 7.a) CPE, y “constituye la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que las personas sepan, en cada momento, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho o la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicios" (SSCC 194/2000-R y 173/2001-R).