SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0518/2003- R

III.2      Que en el caso planteado, el recurrente al solicitar la tutela ha denunciado actos y omisiones indebidas ocurridos cuando la autoridad recurrida conoció en apelación la sentencia de primera instancia pronunciada por la Jueza Primera de Instrucción en lo Penal Liquidadora, actuaciones con las que no se ha vulnerado o puesto en peligro la libertad personal o de locomoción de Max Rodrigo Ibáñez Alvarado -ahora representado-, ya que éste no se encuentra detenido ni se ha librado en su contra mandamiento alguno que restrinja su derecho a la libertad. En consecuencia, las supuestas irregularidades demandadas, tales como la nulidad de la notificación y la falta de competencia del Juez recurrido, al no incidir directamente en su libertad, no pueden ser dilucidadas a través del hábeas corpus, determinando esta circunstancia la improcedencia del recurso, sin que ello signifique que el recurrente no pueda acudir a los procedimientos ordinarios establecidos por ley y una vez agotados los mismos, invocar la protección subsidiaria que brinda el amparo constitucional.