SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0735/2003-R

Con esos antecedentes plantea recurso de amparo constitucional contra Alejandro Aponte Suárez, solicitando se declare probado su recurso y se ordene al recurrido: a) rectifique la partida y reduzca su inscripción en DDRR en un 50%, b) solicite al Juez de la causa la notificación del representado del recurrente en el proceso y c) se abstenga de pedir el desapoderamiento del inmueble, sea con costas, daños y perjuicios.

A su turno, el abogado del recurrido manifestó: a) es imposible presumir que todo bien de una persona casada sea ganancial, puesto que eso hay que demostrarlo, b)  no se podía dirigir la demanda contra el recurrente, dado que desde el primer momento de la venta se cometió un delito, cual es poner a una persona como esposo cuando no lo es, c) se llevó el proceso hasta ejecución de sentencia y recién aparece el hoy recurrente señalando que había sido esposo de la vendedora y por consiguiente que le corresponde el 50% del bien transferido, d) en el proceso que se tramita, el recurrente tiene derecho de plantear oposición, e) se debe acudir a la vía ordinaria a objeto de demandar el restablecimiento del 50% de su inmueble, a través de la acción reivindicatoria y f) es necesario aplicar la previsión del art. 96-3) LTC. Por todo lo que solicita se declare la improcedencia de esta acción.