SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0874/2003-R

Los abogados y apoderados de las autoridades recurridas ratifican el informe de fs. 141 a 142 y en audiencia señalan: 1) presentada la denuncia por Edward Burke ante la URD, se solicitó informe a la recurrente, el que presentado se recibió otro informe del abogado de la URD asignado al caso, quien sin necesidad de investigación previa, por la contundencia de la documentación, sugirió la apertura de proceso disciplinario; 2) con la facultad conferida por los arts. 43.1) de la Ley del Consejo de la Judicatura (LCJ) y 76 del Reglamento de Procesos Disciplinarios, el Pleno del Consejo de la Judicatura dictó la Resolución 202/2002, instruyendo la apertura de proceso disciplinario  contra  la recurrente, calificándose los presuntos hechos en las previsiones de los arts. 40.6) y 7) de la indicada Ley, designándose al mismo tiempo el Tribunal Sumariante a quienes se remitió los actuados para su procesamiento mediante nota URD/PJ 243/2003; 3) el Pleno del Consejo de la Judicatura es competente para instruir la iniciación de procesos disciplinarios conforme a los arts. 42 LCJ y 122 y 123 CPE, pretendiendo forzadamente asimilar los hechos a actuaciones de carácter jurisdiccional; 4) conforme al art. 45 LCJ la realización de la investigación previa es una potestad facultativa, disposición concordante con el art. 71 del Reglamento de Procesos Disciplinarios que señala que la investigación se realizará cuando lo creyere conveniente la URD o lo pida el pleno del Consejo; 5) no se podía considerar como cosa juzgada  las dos denuncias presentadas contra la recurrente, pues si bien fueron formuladas por el mismo denunciante sin embargo eran por hechos diferentes, por lo cual la primera  fue rechazada por falta de materia justiciable en cambio en la segunda se sugirió la apertura de proceso disciplinario por existir indicios de  que cometió faltas, que es precisamente lo que se está averiguando.